El Senado de México aprobó hoy una esperada ley contra el lavado de dinero, actividad que según datos oficiales “blanquea” al año unos 12.000 millones de dólares de procedencia ilícita.
La Cámara alta avaló por mayoría la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que ya fue enviada al presidente Felipe Calderón para su promulgación.
La norma, discutida por más de dos años con participación de académicos y especialistas tanto nacionales como extranjeros, tiene por objetivo debilitar las estructuras financieras del narcotráfico y el crimen organizado, así como armonizar la legislación mexicana con principios, criterios y reglas que rigen a la comunidad internacional.
Según el texto aprobado, México no sólo asumirá compromisos con la comunidad internacional contra el lavado de dinero, sino que fortalecerá las herramientas del Estado para combatir el “blanqueo” de recursos de procedencia ilegal, explicó en tribuna la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristina Díaz.
El objetivo central de este instrumento será detectar los alrededor de 40.000 millones de dólares que cada año genera en ganancias el crimen organizado, así como los recursos tendientes a financiar al terrorismo, precisó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el senador Alejandro Encinas.
Indicó que la ley prevé la creación de una unidad especial para perseguir ese delito, que estará a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Fiscalía nacional.
La ley, inicialmente propuesta por Calderón, establece una limitación a las transacciones en efectivo y a las vinculadas a juegos de apuestas, concursos o sorteos, así como a la emisión o comercialización de tarjetas de servicios o de crédito no bancarias y cheques de viajero.
Además impone controles a la prestación de servicios de construcción o desarrollo de inmuebles; comercialización de joyas, obras de arte, vehículos marítimos y aéreos; traslado o custodia de valores, y determinadas facultades de fe pública.
Prohíbe transacciones en efectivo en determinadas operaciones como la transmisión de propiedad sobre bienes inmuebles con valor superior a un millón de pesos (unos 77.519 de dólares ) o de vehículos que superen los 200.000 pesos (15.504 dólares).
En el caso de las joyas, metales preciosos, relojes, piedras preciosas y obras de arte, también se restringirán los pagos en efectivo cuando alcancen un valor superior a 300.000 pesos (unos 23.256 de dólares)
Esta nueva ley obliga a las entidades financieras -como la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), las sociedades de inversión, cooperativas de ahorro y aseguradoras- a elaborar expedientes de identificación de sus clientes y reportar movimientos sospechosos a la Secretaría de Hacienda.