Con 424 votos a favor, 39 en contra y 10 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó anoche en lo general la reforma educativa, que establece la evaluación obligatoria de los maestros por el Instituto Nacional de para la Evaluación de la Educación (INEE), —órgano autónomo creado a partir de esta reforma— y que establece que la promoción a cargos de dirección o de supervisión se hará a través de concursos de oposición.
Por la mañana, el dictamen se destrabó luego de que el PRI cedió a la propuesta del PAN y PRD para que los cinco integrantes del INEE sean propuestos mediante ternas por el Presidente de la República y nombrados por mayoría calificada (tres cuartas partes) por el Senado.
El planteamiento original del titular del Ejecutivo señalaba que la mayoría calificada del Senado ratificaría las propuestas presidenciales, uno por cada encargo, y no mediante ternas, como finalmente quedó.
La reforma educativa modificó los Artículos 3 y 73 de la Constitución, que permanecían intactos desde hace varias décadas.
La promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior (primarias y secundarias), fue el otro cambio significativo que tuvo el proyecto original del Ejecutivo.
Consiste en que la ley reglamentaria del Artículo 3 Constitucional «fijará los criterios de evaluación y los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio, respetando los derechos constitucionales (de los maestros), bajo los principios de igualdad y transparencia».
Este era el otro punto que mantuvo trabado el dictamen y que orilló al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) -según denuncias de Movimiento Ciudadano en tribuna-, «a presionar» al gobierno federal para que se retirara la palabra «permanencia» de ese párrafo.
Tras largas discusiones, los diputados resolvieron mantener en el texto dicha palabra, pero a cambio se adicionó «respetando los derechos constitucionales» de los maestros, lo que a juicio de quienes votaron en contra del dictamen, «deja intacta la prerrogativa de la cúpula magisterial de imponer aquellos cargos de dirección y supervisión en el ámbito magisterial».
Aprobada la reforma educativa en lo general, el plano inició la discusión en lo particular de poco más de 40 reservas que seguían en debate hasta el cierre de esta edición.
La copiosa votación a favor del dictamen provino de legisladores del PRI, PAN, PVEM y una amplia mayoría del PRD, mientras que los 39 en contra se derivaron del rechazo de Movimiento Ciudadano y algunos del PT y PRD.
Las 10 abstenciones fueron mezcla de la votación de Nueva Alianza y algunos del PRD.
Llamó la atención que el coordinador de Movimiento Ciudadano y uno de los más aguerridos detractores de la reforma, Ricardo Monreal, no emitió su voto porque no se encontraba al interior del salón de plenos.
Al fundamentar el dictamen, el diputado del PRD, Julio César Moreno, llamó a no postergar más «la necesidad del Estado de recuperar la rectoría de la educación y la lucha contra los poderes fácticos, pues uno de ellos, importantísimo y de poderío enorme, afecta actualmente la vida nacional de una manera significativa».
EVALUACIÓN MAGISTERIAL
La reforma educativa crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que será un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, al que corresponderá evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Será integrado por una Junta de Gobierno compuesta por cinco miembros designados por el Ejecutivo federal en ternas por cada uno de los cargos, y quienes serán ratificados por las dos terceras partes del Senado de la República.
Una vez que el Senado haya recibido la minuta aprobada en la Cámara de Diputados, iniciará la revisión correspondiente para su eventual aprobación y, posteriormente, continuar su camino en los Congresos locales, ya que se trata de una reforma Constitucional.
Fuente: Crónica