Oziel Salinas H.
Florence Cassez salió de la jaula; la Corte Suprema encontró violaciones a sus derechos humanos cometidos por las distintas autoridades acusatorias y policíacas que intervinieron durante el proceso iniciado por secuestro y asociación delictuosa. Para los magistrados de la Corte, las tres instancias penales que ratificaron su sentencia les valió una bicoca.
Salió a relucir la farsa desarrollada por los jefes policíacos de entonces (2005), cuando montaron un sainete en un acto patrocinado – y actuado – por la PGR.
En éste cinematográfico espectáculo, hubo, a juicio de la Tremenda Corte, violaciones en el procedimiento de detención de los secuestradores.
Lo que sucedió en éste caso nos enseña las anomalías cometidas por los actores de los gobieros de Fox y Calderón; fallas que azoran por su magnitud y alcance.
Hubo mucho desaseo mostrado en los siete años de reclusión y lucha – en juzgados – de la blanca palomita francesa. Las autoridades que intervinieron, no pudieron sostener sus acusaciones en forma adecuada y limpia; la sentencia dictada contra la señora Cassez resultó, de acuerdo al laudo dictado por la Corte, una cochinada.
Mostró el desorden que prevaleció durante el sexenio calderonista.
Ah; ese cotidiano afán por buscar el aplauso en lugar de dejar que transcurran las diligencias penales de acuerdo a su naturaleza jurídica y no bajo un ególatra script.
Durante el sexenio de Calderón, predominaron los montajes de escenas donde aparecían los “héroes” policíacos deteniendo a “los malos; a los mafiosos”.
Un verdadero circo, que ahora percibimos por su espectacularidad y su ilimitada torpeza.
Predominaron las fallas, las violaciones a derechos humanos, la impunidad y una gran ineptitud, que ahora se muestra en toda su magnitud al concluir ésta inédita decisión de la Corte Suprema y que en adelante, será mostrada por defensores de criminales como “jurisprudencia”.
Pesa el afán de apegarse a declaraciones de “testigos protegidos”, donde lo dicho por delincuentes es la base acusatoria, que tanto daño hacen a la procuración de justicia.
Eso, agregado al “arraigo” que puede extenderse por meses, fue usado constantemente durante la pasada Administración, mostrando ineptitud u omisión de instituciones que debieran tener mayor oficio y no apegarse a tan descaradas formas, con objeto de “sumar pruebas” que llevan a soltar a “supuestos culpables”.
Esto debe desaparecer para dar paso a profesionales ocupados en apoyar debidamente las investigaciones; existió mucho circo, mucho vicio e ineptitud y bastantes fallas procesales.
Si falla la policía y los ministerios públicos; si prevalece el filme y la actuación, ocasiona la presunción de inocencia; el criterio acusatorio se desvanece en un alud de vicios.
Integraron un expediente plagado de errores, incluso invenciones, mostrando incapacidad policiaca.
Recordemos el famoso “michoacanazo” donde fueron acusados de narcotraficantes o colaboradores del crimen organizado, 36 personas de alto rango administrativo en ese Estado, entre ellos 16 alcaldes, quienes – al poco tiempo – fueron TODOS exonerados por “falta de pruebas”.
Se aproxima el caso de los generales y miembros del Ejército Mexicano, que seguramente tendrá el mismo vergonzoso final; mostrando que la pasada Administración, se dedicada a perseguir a “los malos” basando sus acusaciones en vergonzosos y apresurados montajes.
Una farsa que ahora está exhibiéndose cual película del extinto director de cine, Juan Orol.
Lástima; porque se trata de algo serio, que debiera fortalecer el orden y la justicia.