Planes para la esperada reforma inmigratoria en EE.UU., que abra la vía de la ciudadanía a los once millones de «sin papeles» que residen en el país, han comenzado a concretarse con el arranque la legislatura política tras los actos inaugurales del segundo mandato de Barack Obama. Un grupo de senadores de ambos partidos anunciaron este lunes su propuesta, a la que el martes seguirá la presentación por parte del presidente Obama de sus propias posiciones en un discurso desde Las Vegas.
La iniciativa de ocho senadores, entre ellos varios de los máximos dirigentes de la mayoría demócrata, así como notables figuras republicanas –importante es la presencia de Marco Rubio, quien más se ha destacado al respecto en su partido– indica un intento serio de alcanzar el suficiente apoyo tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Pero la reforma ya ha naufragado en otras ocasiones, también durante la presidencia de George Bush.
Existe la sensación, no obstante, de que esta vez es distinto. El senador demócrata Bob Menéndez da la siguientes razones: «Primero, los americanos lo apoyan, encuesta tras encuesta. Segundo, lo votantes latinos lo esperan. Tercero, los demócratas lo quieren. Y cuarto, los republicanos lo necesitan». A esto último se refería el republicano John McCain, firmante también de la propuesta, al señalar que su partido «está perdiendo dramáticamente el voto hispano», como se vio en las elecciones presidenciales.
Más control en fronteras y visados
La propuesta pone el acento en incrementar las medidas de control de la frontera y de la expiración de visados, algo reclamado siempre por los republicanos. Estos también lograrían que los inmigrantes ilegales no accedieran de forma rápida a la ciudadanía estadounidense. Los demócratas, por su parte, se contentarían con situar a esas personas en un proceso al final del cual lograran la nacionalidad, siempre que no sea una auténtica carrera de obstáculos. También lograrían una excepción de vía rápida para los hijos de los inmigrantes que llegaron de pequeños (su no expulsión del país ya fue garantizada por Obama antes de las elecciones), así como para los trabajadores en el campo. El hecho de que sea una legislación omnicomprensiva es algo que venían reclamando los demócratas; los republicanos se inclinaban por leyes parciales para cada aspecto.
Aunque existe general aceptación sobre la actual mayor impermeabilidad de la frontera con México, el discurso republicano suele insistir en ese punto. La propuesta de los senadores prevé aumentar el control fronterizo, con más agentes y mayor datación de drones. También reforzar el control de salida del país de las personas con visado, algo que se hace en aeropuertos y puertos, pero en el caso de quienes viajan por tierra. Se estima que el 40% de los inmigrantes ilegales llegaron con visados cuya estancia luego excedieron.
Una comisión de gobernadores, autoridades policiales y sociedad civil de los estados fronterizos debería valorar el cumplimiento de esas nuevas exigencias. Si la comisión diera el visto bueno, entonces se procedería a abrir el proceso de reconocimiento de las personas indocumentadas. Deberían inscribirse en un registro para ponerse al corriente del pago de impuestos que no hayan realizado y ser reconocido su estatus de residentes legales. Con ello se pondrían a la cola en la espera de la nacionalización, sin ir más rápido que quienes llegaron a EE.UU. de modo legal.
Varias de estas medidas son más restrictivas que las defendidas por Obama. En cualquier caso, la negociación sobre la ley no hecho más que comenzar. Una aportación complementaria es la impulsada por otro grupo de senadores de ambos partidos, que reclaman doblar el número de visados para inmigrantes con formación en tecnología y ciencia y facilitar la residencia permanente o «green card» para mayor número de esas personas.
Fuente: ABC