No cabe duda que el dinero tiene la dudosa virtud de exhibir a veces los defectos de los seres humanos. El Fondo Metropolitano, que a fin de cuentas es dinero, pone en evidencia que en cuestión de coordinación, el estado de Nuevo León está por los suelos. Terminó siendo una farsa las grandes sonrisas y efusivos abrazos en las asambleas plenarias de alcaldes, funcionarios estatales y legisladores locales. Ahora, por dinero, se renuevan las hostilidades entre los actores políticos, con el factor curioso que ese dinero, aunque se trate de fondos federales asignados desde Los Pinos, no es pertenencia ni del Presidente, ni del Gobernador, ni de los alcaldes. Los Fondos, que normalmente son bajos fondos, están destinados al beneficio de la comunidad, que finalmente es quien está generando esos recursos con su trabajo y sus impuestos.
El lío que se traen en el Estado con el Fondo Metropolitano es realmente serio. No importa de dónde venga sino a dónde va. El flujo de recursos parece respetar la consigna muy legítima de que el erario federal debe destinarse al beneficio de la gente. Aquí el problema está en la administración de esos recursos, y sobre todo en la decisión de cuál es el beneficio prioritario… incluso, y con frecuencia, la decisión de qué es benéfico.
Esto recuerda al estado paternalista del Despotismo Ilustrado, en el siglo 18, cuando el gobernante absoluto y su corte ilustrada, eran tan sabios como para saber perfectamente lo que necesitaba el pueblo sin siquiera consultarlo.
Esta noción del pueblo ignorante, que no sabe ni lo que quiere ni lo que necesita, parece que se ha conservado. Tanto el Gobernador priísta, como los alcaldes metropolitanos panistas, dicen saber perfectamente cuáles son las prioridades del pueblo. Ambos coreados oportunamente desde las respectivas bancadas partidistas del Poder Legislativo local, que dicho sea de paso, ha demostrado un excelente gestor de las causas partidistas, pero no necesariamente de las causas populares.
Es difícil discernir quién tiene la razón. La polarización partidista ha debilitado profundamente la confianza del pueblo. Todos sabemos que las obras, estatales, federales y municipales, redundan en beneficio directo de la comunidad, pero siempre con el sesgo de alimental la imagen y el poder de algún partido. Este último pequeño detalle hace la diferencia, y es la verdadera razón por la que se pelea con tanta ferocidad el ejercicio de los recursos públicos.
Pero en este caso particular, existe una situación adicional que volvería frenética la batalla. Tanto los municipios como el estado están abrumados con una deuda. Es una deuda realmente histórica, porque data de administraciones anteriores y amenaza con prolongarse en administraciones futuras.
Unos y otros dicen saber qué es lo que la gente necesita, dicen saber cuáles son sus prioridades. Aunque ninguna de las facciones en pugna ha consultado directamente a la gente, queremos suponer que han sustentado bien en datos duros sus puntos de vista.
El hecho es que ni el Estado, ni los municipios, sean panistas, priístas o variopintos, tienen recursos para realizar obras. Vaya, ni siquiera hay recursos para mantener razonablemente funcionando la administración pública. Pero en tanto pelean los recursos que deja caer la federación, poco han hecho, unos y otros, por recuperar lo que la corrupción se ha llevado. Ni siquiera se mueve un dedo para desentrañar la ruta de fuga de esos recursos que eran para beneficio del pueblo, y acabaron beneficiando a particulares, eventualmente a algún político.
Finalmente los bajos fondos federales quedan también en la peligrosa ruta de fuga que representa una corrupción que ni se ha eliminado del todo, ni se ve el momento en que se vaya a eliminar.
ENFOQUE MONTERREY en Radio Beat, 90.1 FM
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