Un tema que mantiene cautiva la atención de los ciudadanos que cuentan con vehículo propio en Nuevo León o cuando menos en el área metropolitana de Monterrey, que es donde se concentra el mayor número del parque vehicular, es el “obligatorio” canje de placas de circulación en la entidad.
Ante la insolvencia presupuestal que agobia las arcas estatales, el gobierno de Rodrigo Medina echa mano de cualquier maniobra posible para obtener recursos frescos, los cuales apuntalen los proyectos estratégicos programados para el cierre de su administración.
En tanto, la oposición busca a toda costa impedir el replaqueo para estrangular las finanzas estatales, dejando en la inoperancia al gobierno de Nuevo León, en una medida similar a la registrada hace apenas unos meses en el vecino país del norte, donde los congresistas maniataron al gobernante más poderoso del mundo, el propio Barack Obama, cuando decidieron obstruir la aprobación del presupuesto, lo cual paralizó de un día para otro y durante casi una semana al gobierno federal.
En ambos casos la medida aplica una lógica similar: manoseo del presupuesto público con tintes político-electorales, en linderos de impopularidad derivada a de la carga impositiva gubernamental, y el populismo de una muy cuestionable defensa al bolsillo de la ciudadanía.
Aquí entra la mercadología política, los tribunales mediáticos y el sesgo informativo orientados a manipular la opinión pública y atomizar la percepción ciudadana, en un juego de voces y filtraciones de cifras e imágenes que favorecen a unos, debilitan a otros, pero que invariablemente victimizan a la comunidad que en la próxima contienda electoral deberá elegir entre una muy pobre oferta de perfiles públicos para satisfacer su demanda de representantes y servidores públicos auténticos y confiables.
Con diferentes voceros y en escenarios distintos, el discurso del PAN es sólido y contundente: evidenciar el despilfarro, desorden administrativo y poca efectividad del gobierno de Rodrigo Medina; en contraparte la estrategia del PRI apunta al desgaste sistemático y progresivo a los principales actores de la oposición, como la alcaldesa de Monterrey Margarita Arellanes, clara aspirante a la candidatura de su partido en los comicios estatales de 2015.
Desde hace por lo menos tres contiendas Nuevo León es una entidad donde aplica el voto diferenciado, esto es elegir alcalde de un partido, diputado de otra plataforma política y gobernante de una tercera opción; en este sentido postulados como aquel de “Quien gana Monterrey asegura la gubernatura”, o “Yo no podría gobernar Nuevo León con un solo alcalde de oposición” (máxima de don Alfonso Martínez Domínguez), ya no son garantía de nada.
Por lo tanto Nuevo León ya no es un laboratorio electoral, es una arena política donde cualquier contendiente que suba al encordado tiene posibilidad de triunfo de acuerdo a sus habilidades, a sus alianzas, a sus mañas… a sus artimañas, en este caso la concerniente al politizado y mediatizado tema del replaqueo.
Evidentemente, los automovilistas que compran gasolina a casi 12 pesos por litro, que pagan “mordida” de hasta quinientos pesos o más para evadir la multa por exceder velocidad en zona escolar, o que a partir de enero próximo cubrirán IVA por el alimento de sus mascotas, seguro también tienen la capacidad financiera para destinar trescientos cuarenta pesos que en promedio costará el canje de placas, esto independientemente de que sea justo o no, ahí ya la apreciación es personal.
Evidentemente a los gobiernos municipales de extracción panista poco les importa el desembolso que ciudadano o el dinero que dejaran de percibir vía cobro de replaqueo, lo anterior comparado con el pastel de finanzas públicas que podrán saborear en caso de ganar la gubernatura de la entidad en 2015, esto sin importar que las mismas estén hipotecadas por varios sexenios, ya que aun así la cantidad no es nada despreciable.
Rodrigo Medina continúa alimentando su impopularidad (como le ocurrió al presidente Obama) y la de su partido, al defender su propuesta presupuestal vetando la enmienda albiazul que cancela el obligatorio cambio de láminas.
En el análisis comparativo ambos extremos, el del gobernador Medina y el de los diputados del PAN, son abiertamente opuestos y radicales, pero cuál es más legítimo: aquél que pretende salvar el actual gobierno, o el que busca apoderarse de la gubernatura en 2015.
Y de cuál lado queda la garantía de salvaguardar el interés público que todos juran al protestar en algún cargo de elección popular, acaso verdaderamente existe ese concepto y políticos que se ocupen de él.
