No soy un experto en transporte ni mucho menos, pero como dice aquella frase hecha: tantas ciudades desarrolladas no pueden estar equivocadas. Prácticamente cualquier urbe que cuenta con un modelo de transporte público exitoso, es precisamente por eso: es realmente público.
En Nuevo León tenemos un híbrido que ha resultado poco conveniente: jurídicamente, el transporte sigue siendo público, pero operativamente está privatizado (así sea temporalmente) por la figura de la concesión.
Más allá de la polémica que ha desatado el aumento de tarifas, los vaivenes entre las posturas de los distintos actores -que van desde la insensibilidad de los transportistas hasta la improvisación de la autoridad estatal- y el alud mediático alrededor del tema, es preciso reflexionar sobre la esencia del modelo.
¿Qué implica que el transporte sea operado bajo un modelo público y por qué sería conveniente para el bienestar general? Para responderlo, hay que acudir al concepto de bien público.
Desde el aspecto económico, un bien público es aquél que está disponible para todas las personas (por tanto, no es excluyente) y no puede ser divisible (que lo use una persona no impide que lo use otra). Desde el aspecto político, son aquellos vienen que son proveídos y/o protegidos por el Estado.
Demos un ejemplo con un tema en boga en Monterrey: el aire. Está disponible para todas las personas de la ciudad sin excepción y el hecho de que unos lo respiren no implica que otros puedan hacerlo. Además, desde el componente político el Estado no provee el aire, pero sí está obligado a protegerlo, es decir, a garantizar su calidad. Ahí tenemos un ejemplo claro de un bien público.
En el caso del transporte, se requiere entenderlo desde el concepto de movilidad: todas las personas deberían poderse mover en la ciudad, sin excepción, y la capacidad de movimiento de unos no debería impedir o afectar la capacidad de moverse de otros. En este caso, el Estado no solo está obligado a proteger esa capacidad de movernos, sino que en el mejor escenario, debe proveerla.
¿La razón de lo anterior? Un tema de incentivos, y ahí es donde hay que elegir un paradigma: ¿La prioridad el transporte es mover a las personas hacer negocio? La respuesta a esa pregunta encierra la esencia de por qué un modelo público es buena idea. Un modelo estatal debe poner su esfuerzo en la manera más eficiente y justa de mover a las personas; un modelo privado, pone su esfuerzo en maximizar la renta, aunque esto signifique afectar a los usuarios.
Y esa afectación a los usuarios hay que sacarla del mundo de lo abstracto y tocar tierra: significa impactar en los bolsillos de las personas que menos ganan, sobre todo considerando que, México es el país de la OCDE donde proporcionalmente se gasta más del ingreso en transporte.
Significa también una afectación a la salud física y emocional, pues se obliga a las personas a dormir menos, y pasar cantidades inhumanas de tiempo (de 3 a 4 horas diarias en los peores casos) arriba de un camión. Esto implica no solo cansancio, sino un menor tiempo de convivencia familiar o de recreación antes de volver a iniciar la rutina.
En pocas palabras, un transporte público ineficiente como el que tenemos afecta directamente la calidad de vida de las personas. Un mal transporte público que es consecuencia, a su vez, de una mala planeación urbana y los incentivos perversos que la han permitido.
De tal suerte que el debate de las tarifas será una polémica temporal, pero habría que ir al terreno de lo radical: repensar y replantear de manera seria y responsable nuestro modelo de transporte hacia una empresa pública o entidad estatal que tenga por objeto mover a las personas, no explotarlas. [email protected]
