El concepto de política pública se ha vuelto, relativamente, común entre actores que abordan cuestiones gubernamentales, ya sea desde la perspectiva de la administración pública, la prensa, la sociedad civil o la iniciativa privada. Sin embargo, su uso no parece ser del todo preciso.
Como disciplina, la política pública surge en la década de los cincuenta en Estados Unidos, cuando comenzó a estudiarse sistemáticamente el proceso de decisión de políticas, es decir, cómo los gobiernos definían los problemas públicos y decidían vías de acción para atenderlos.
Luis F. Aguilar, renombrado profesor que es reconocido como uno de los principales impulsores del estudio de las políticas públicas en América Latina, define el concepto de la siguiente manera: “Las acciones de gobierno que tienen como propósito realizar objetivos de interés público y que los realizan con eficacia y aun eficiencia”.
Aunque pudiese parecer redundante, remarcar la naturaleza pública de las decisiones de gobierno es uno de los más grandes aportes de la disciplina, pues al conjuntar la dimensión política con la dimensión técnica para resolver un problema público, se busca insistir en que cualquier decisión de la autoridad realmente sirva al interés público.
¿Qué se entiende por interés público? De acuerdo al Profesor Aguilar, implica que la decisión esté en el mejor interés de la ciudadanía, que se tome respetando la ley y que use de forma eficiente los recursos públicos. Aunado a esto, considera que el otro gran aporte de la disciplina es poner énfasis en la eficacia y eficiencia de los gobiernos, es decir, los resultados que se obtienen de estas decisiones públicas y los criterios para medirlos.
Cuando se habla de tomar decisiones basadas en evidencia (concepto que recientemente usó Carlos Urzúa en su carta de renuncia a la Secretaría de Hacienda) justamente se hace referencia a lo que Aguilar define como la doble dimensión de las acciones de gobierno: la política y la técnica, es decir, que se tiene un componente normativo (resolver objetivos de interés colectivo, las leyes que regulan el marco de acción) y otro científico (los datos comprobables y medibles que se toman como insumos para definir un problema y tomar decisiones).
El elemento científico, refiere Aguilar, se sustenta en un razonamiento técnico-causal, de manera que puedan realizarse los objetivos deseados y hacer que las intenciones de los gobernantes se vuelvan hechos sociales. Dicho de otro modo, que las acciones de gobierno transformen positivamente la realidad del problema público que abordan.
De esta manera, plantear con rigor las políticas públicas orienta a los gobiernos a producir el mayor beneficio al mayor número de ciudadanos. Y no solo esto, sino que, señala el Profesor, estamos viviendo un cambio de época donde la nueva gobernanza exige colaboración entre gobierno y ciudadanía, un gobierno con la sociedad.
Esto es consistente con la lógica de los gobiernos abiertos, que plantean que las decisiones públicas no solo deben tomarse en esquemas cada vez más horizontales, sino en una lógica de colaboración que tome en cuenta la diversidad de conocimientos, talento y experiencias que existen en la sociedad, de manera que tanto la definición de los problemas como las acciones que se definan para atenderlos puedan ser mucho mejor definidas, implementadas y medidas.
Más allá de quienes busquen ocupar los puestos de elección popular en el proceso 2021 en Nuevo León, habrá que poner especial atención no solo a su plataforma, sino a la manera en que definen los problemas públicos, su lógica política y el fundamento técnico con el que pretendan llevar a cabo sus acciones de gobierno. Promesas, cualquiera. Método científico y acciones de verdadera naturaleza pública que impacten nuestra realidad para bien, es el reto verdadero.
