Gobierno del Estado de Nuevo León,
Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey, N.L.,
LXXV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León,
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León,
Opinión pública.
P R E S E N T E.-
Las personas, organizaciones, colectivas feministas y organizaciones civiles que suscriben, rechazamos enérgicamente la forma de proceder de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, el pasado 28 de septiembre durante el trayecto y al concluir la marcha de mujeres en el marco del día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro.
Encontramos excepcionalmente arbitrario y represivo el actuar de los elementos policíacos contra las manifestantes, los cuales en un despliegue que debía procurar la seguridad de las participantes, ejercieron contra ellas intimidación, acoso, persecución, privación arbitraria e ilegal de la libertad y violencia física, todo lo cual además de poner en riesgo la integridad y la vida de las compañeras: viola los derechos establecidos en el artículo 6, que otorga la libre expresión y el artículo 9, protector de la libre reunión con fines lícitos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es inadmisible que las fuerzas del orden y seguridad municipales y estatales en vez de observar la protección de quienes se manifiestan libre y pacíficamente, actúen como instrumentos de represión y violencia atropellando derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales suscritos por México; y se sume a la violencia que se ejerce institucionalmente sobre las mujeres. Señalamos que la actuación de los elementos además se contrapone a los esfuerzos que implica la implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), activada en el Estado de Nuevo León desde noviembre de 2016.
Por lo anterior y con certeza de que el Estado e instituciones que lo conforman, deben ser garantes y no violadores de los derechos humanos, hacemos petición a quienes corresponda y dé alcance a lo siguiente:
PRIMERO: Se investigue y se actúe en consecuencia, y además se realice una reunión con representantes de diversas colectivas feministas y organizaciones de la entidad, con el propósito de coadyuvar a la definición e implementación de acciones para la prevención de actos futuros de represión y violación a los derechos humanos de la población.
SEGUNDO: Para ejercer nuestro derecho constitucional a manifestarnos de manera segura y dados los inconvenientes suscitados, exponemos la importante necesidad de crear protocolos de actuación con perspectivas de derechos humanos y de género por parte de los agentes de seguridad pública, durante y después de las manifestaciones, tomando en cuenta también el compromiso que Nuevo León tiene hacia las mujeres mediante la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres de generar políticas y estrategias para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia.
Repudiamos cualquier postura de criminalización de las protestas sociales que buscan la reivindicación de los derechos para las personas y reiteramos la disposición al diálogo constructivo en el que se privilegie la voluntad política y la participación social.
Exigimos ¡Todo en el marco de la legalidad y el Estado de Derecho!
Atentamente,
Organizaciones
