Thomas Rymer acuñó la expresión «poetic justice» en su «The tragedies of the last age considered» (1678).
Los cimientos del régimen dictatorial prianista comienzan a resquebrajarse. Las fisuras más notables tienen nombre y apellido: Emilio Lozoya Austin. La dimensión y alcance de su testimonio es minimizado y hasta ridiculizado por las plumas al servicio del “prionato”, ciclo con el que se conoció la hegemonía de un partido político que emergió de la revolución mexicana, cuya desviación lindó con las dictaduras de Augusto Pinochet y Anastasio Somoza, en Chile y Nicaragua, respectivamente.
Para algunos periodistas incluso bien intencionados, las revelaciones del ex director de PEMEX, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto son un escándalo mediático, una cortina de humo, o un capítulo más de una telenovela que busca desprestigiar a unos cuantos políticos en vísperas de elecciones .
Sin embargo, una acuciosa mirada a los acontecimientos nos permite concluir que estamos ante un evento histórico de gran trascendencia para el país. Quizá para dilucidar ello sirva preguntar: ¿Cómo es posible que la declaración de un imputado por delitos graves pueda cimbrar los fundamentos de una organización delictiva que saqueó las arcas públicas impunemente durante más de cinco décadas?
Para poder brindar una respuesta correcta que explique satisfactoriamente la hipótesis sostenida, es menester remitirnos varios lustros atrás, a 1996, cuando nace la ley federal contra la delincuencia organizada. Según la exposición de motivos de dicha ley, las organizaciones delictivas, de esa época, mantenían una lucha por el control de rutas hacía el mercado drogas más grande del mundo, los EEUU. Y como consecuencia arrojaba casi 200 muertos en esa disputa. Atendiendo el marco legal internacional y los tratados sobre la materia, el gobierno mexicano, a través de sus legisladores, propusieron, discutieron y aprobaron dicha ley que entró en vigor el 8 de noviembre de 1996.
Los legisladores que aprobaron esta ley federal, tuvieron cuidado en limitar taxativamente el catálogo de delitos por los cuales se podían acreditar la pertenencia a una organización criminal. Entre estos injustos penales se encuentran terrorismo, secuestro, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo de autos, tráfico de indocumentado.
En la redacción de dicha ley, se da vida a la figura del testigo protegido en su artículo 35 y desglosa las hipótesis según las cuales operarían descuentos penales, por ejemplo, la .fracción I dispone: “Cuando no exista investigación en su contra, los antecedentes de investigación que aporte, o se obtengan con su colaboración, no serán utilizados en su perjuicio”.
Durante la vigencia de dicha ley, ninguna administración gubernamental utilizó la herramienta legal para combatir la corrupción. Más aún, la interpretación judicial y la praxis del Ministerio Público Federal impedían siquiera investigar y procesar actos de corrupción a la luz de la ley federal contra la delincuencia organizada. El andamiaje jurídico prevaleciente favorecía la impunidad sin pasar por alto que el cohecho no era considerado delito grave ni la defraudación fiscal.
Por ello a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador y la ola MORENA que obtuvo mayoría en ambas cámaras se reformó en noviembre 8 de 2019 y se agregaron los delitos de defraudación fiscal, entre otros que buscan combatir la corrupción que desde el poder público se alentó sistemáticamente en perjuicio de las arcas de la nación.
Para ilustrar la dimensión de este flagelo , en el año 2018 se estimaba que” El daño económico de la corrupción en México podría alcanzar entre 5% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)” según el director del Centro de la OCDE en México para América Latina, Roberto Martínez Yllescas.
La cifra en pérdidas para México es superior a lo destinado a Educación, Salud y Vivienda. Ese es el tamaño de la corrupción que se tejió durante décadas por ello se entiende la férrea resistencia de los acaudalados que hoy ven amenazados sus privilegios e impunidad con la que atracaron al amparo del poder.
Thomas Rymer, postula que toda obra literaria enseñe una lección en la que el perverso reciba su merecido castigo y el individuo honesto sea finalmente recompensado. El pueblo mexicano que padeció la calamidad de una casta codiciosa de bienes ajenos, ahora percibe un atisbo de justicia y paradójicamente es a través de Emilio Lozoya, un delincuente que decidió terminar con la omerta, el código de silencio de la mafia siciliana, y delata incluso hasta el mismo ex presidente Enrique Peña Nieto, es decir, una especie de justicia poética.
