Art. 134 de la Constitución, sobre los programas sociales en época electoral:
“Tienen (las autoridades de los tres niveles de gobierno) en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos”
Este artículo nos muestra el debiera ser del comportamiento gubernamental en la época electoral. Sin embargo, parece letra muerta. En redes sociales y medios de comunicación pudimos observar a la candidata por la silla grande de nuestro querido Nuevo León, Clara Luz Flores, hablando con un votante acerca de las vacunas contra el Covid y la ayuda “65 y más”, a título directo del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Flores es la abanderada de Morena y otros partidos en coalición.
Ningún candidato o funcionario público debe apropiarse del discurso paternalista de los programas orientados a satisfacer los derechos fundamentales de la gente, como la salud. Beneficios que no son erogados de sus bolsillos, sino que provienen de los impuestos de todos los mexicanos. Sí, hasta usted, que solamente va y compra un chicle o un refresco paga IVA, y ese IVA se regresa en el presupuesto con el que se mantiene a flote el país.
Es increíble cómo Morena presumía no ser lo mismo que el PRIAN, y desgraciadamente muchos lo creímos; nos tragamos el cuento, al borde del hartazgo derivado de sexenios de pobreza y carencias, que habría una renovación en la manera de hacer política. Pero las viejas prácticas no se quitan brincando de partido ni cambiando de color: lo que antes era ofrecer despensas para asegurar el voto, ahora es recordar que “gracias al presidente» hay vacunas y pensiones para la tercera edad.
Ante la falta de propuestas viables para levantar su imagen, Clara luz recurre a sacar provecho de la vulnerabilidad de las personas en época de crisis sanitaria y económica. Lo mismo que el candidato del Pri, Adrián de la Garza, con su “Tarjeta Rosa”, programa social creado en su administración municipal y ahora convertido en propuesta de campaña, condicionando seguir con la ayuda económica mensual a las mujeres en caso de ganar las elecciones. Una evidente coacción del voto. Ambos casos nos demuestran que revertir décadas de corrupción en el sistema político y electoral se va complicando cada vez más, que siguen perdurando las viejas estrategias y que los jodidos siempre somos los votantes
