“Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos…” frase que es reproducida en cada billete de 20 pesos junto a la imagen de Benito Juárez; sin embargo, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, pareciera enviar señales que menoscaban el estado de derecho.
Un ejemplo claro es el concerniente a la sentencia que concedió la libertad a Luis Héctor Palma Salazar, conocido como “El Güero Palma” preso desde el año de 1994, cuya mayor parte de tiempo pasó en cárceles federales de máxima seguridad, sometido a tratos humillantes y degradantes.
La sentencia que determinó la libertad del Güero Palma, fue cuestionada por AMLO por haberle notificado en sábado por la noche y firmado por un secretario en ausencia del titular, por lo que instó a la Fiscalía General de la República para que buscara alguna orden de aprehensión pendiente por ejecutar. Al no encontrar alguna orden de aprehensión, comparecencia o presentación en las entidades federativas, se les ocurrió volver acusarlo del delito de delincuencia organizada, ilícito por el que fuera absuelto la víspera.
No se requieren conocimientos especializados para entender el artículo 23 constitucional que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, non bis idem, principio general de derecho. Además, en la temporalidad en que estaba preso El Güero Palma, aún no existía el tipo penal de delincuencia organizada, cuya vigencia comienza hasta noviembre de 1996, por lo que no se puede dar efecto retroactivo a una ley en perjuicio de persona alguna, artículo 14 de la Carta Magna.
Acusarlo
En carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada es sólo la excusa para solicitar medida cautelar de arraigo lo cual ocurrió días antes de la elección de más de 20,000 funcionarios públicos desde senadores diputados hasta presidente municipales síndicos y regidores pasando por 15 gobernaturas.
El abogado del Güero Palma pidió que no crucificaran a su cliente, que ya había pagado su deuda con la sociedad. No obstante, quienes asesoran al presidente estimaron políticamente redituable mantener preso indebidamente a Luis Héctor Palma Salazar, a quién un juez competente y mediante un juicio previo, había decretado en sentencia definitiva, su libertad inmediata.
No existe estudio de campo que pudiera medir el alcance práctico de dicha retención arbitraria y su repercusión en el número de votos esperados por Morena y sus aliados. Pero tampoco se ha estudiado el menoscabo el estado de derecho al enviar señales de autoritarismo al más estilo salinista.
La figura del arraigo es inconvencional y ya la Corte Interamericana derechos humanos ha instado al gobierno de México a desaparecer dicha medida cautelar de su legislación. Preservar el estado de derecho es un imperativo democrático que no debe pasar por alto un estadista, un hombre de estado.
Fortalecer la seguridad jurídica abona a un estado de derecho y eso es lo que quiere el México revolucionario que votó por un cambio verdadero. Que los ideales de Benito Juárez dejen de ser pregonados en el billete más popular del país y pasen a formar parte de la cotidianidad.
