El gobierno de Estados Unidos se ha endurecido. El secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros y el asesinato de dos de ellos, más la demanda de la administración Biden para combatir la producción de fentanilo sin que haya una respuesta firme en Palacio Nacional, ha llevado a los amigos y socios estratégicos a un “game change”, a un punto de inflexión en su relación con México.
Ese enojo de Estados Unidos se refleja no sólo en el tono que han esgrimido todos sus portavoces del caso Matamoros y que incluyó al embajador Ken Salazar, a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, a fiscales y legisladores sino en una campaña de indignación en influyentes medios de comunicación que pavimentan una narrativa a favor de la intervención militar contra cárteles de la droga en territorio mexicano.
En los hechos el gobierno de México está metido en un gran lío nada más que con los Estados Unidos.
Fuentes en el Servicio Exterior Mexicano consultadas por este columnista, diplomáticos de carrera unos y cercanos a Marcelo Ebrard otros, advierten que la relación con Estados Unidos se ha fisurado, que hay poca credibilidad allá en la administración del presidente López Obrador, que ello pudiera detonar una crisis en Relaciones Exteriores y tocar las aspiraciones del canciller hacia el 2024.
La falta de acciones contundentes contra los narcos, pese a los llamados de la administración Biden a detener el flujo de fentanilo –nos dicen- tiene más que molestos a los americanos pues perciben inacción, falta de cooperación y una posición ideológica del gobierno mexicano en este problema.
Así, lo sucedido en Matamoros y días antes en Nuevo Laredo, donde soldados mataron a cinco jóvenes, uno de ellos estadounidense, más la falta de acciones mexicanas contra la producción y trasiego de fentanilo, ha provocado un cierre de filas contra México que, si no sucede algo pronto y haga a los estadounidenses recuperar algo de credibilidad en México, escalará.
En tanto, al menos 21 fiscales estadounidenses han argumentado que el fentanilo es un arma de destrucción masiva, que por ello se debe declarar a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas y que hay una alta vulnerabilidad de su frontera con México, por lo que es necesario una construcción jurídica para dar las facultades al presidente Biden para ordenar intervención militar en territorio mexicanos contra estos grupos.
México ya salió del Consejo de Seguridad, la encargada de Asuntos Multilaterales, Martha Delgado, anda muy feliz con Elon Musk y sólo quiere saber si la dejan de Cancillería cuando se vaya Ebrard en busca de su 2024 y con la OEA el gobierno mexicano ya se peleó y distanció… ¿entonces cómo nos vamos a defender e intentar desmontar esa construcción jurídica que impulsan fiscales para que sus fuerzas armadas puedan intervenir en México?
Nos adelantan que México entrará al debate con Estados Unidos con el argumento de la indiferencia de los estadounidenses para impedir el tráfico de armas y dinero a territorio mexicano y los altos consumos de drogas en la Unión Americana, pero que ello no será insuficiente.
“Lo que sucedió en Matamoros viene a ser un cóctel explosivo y lleva a lo que los americanos llaman un ‘game change’, punto de inflexión, ya no podemos decir: vamos a cooperar y vamos a hacer esto todo, van a exigir medidas concretas de cooperación… ya no se van a quedar con una promesa de cooperación”, me comentan en Cancillería.
RADAR EL FUEGO CRUZADO NO CEDE EN LA CRUZ AZUL
Hace unas semanas le comentamos en este espacio sobre los protagonistas de una dura disputa que han tenido dos poderosos grupos y sus ejércitos de abogados por el control de la Cooperativa La Cruz Azul.
Fuentes de primer nivel nos aseguran que autoridades federales han comenzado a indagar las actividades de nuevos directivos y de un grupo de al menos 11 despachos de abogados y que, de haber alguna irregularidad, el escándalo pudiera tocar a las puertas de altos jueces del Tribunal de Justicia Administrativa.
Algunos de esos despachos -nos confirman desde el interior de la propia Cooperativa- prestaron sus servicios a la directiva que encabezó Guillermo Alvarez y habrían recibido más de mil 850 millones de pesos pero que hoy han tenido acercamientos y tratos con la nueva directiva de la cementera y que también hay empresas como Azul Concretos y Premezclados con manejos extraños que generan suspicacias entre los cooperativistas.
Incluso, cooperativistas demandan explicaciones a la directiva encabezada por José Antonio Marín y Víctor Velázquez sobre pagos millonarios no justificados, la inclusión de Rafael Anzures Ortiz en la directiva de la cooperativa y de la relación de ésta con ese nuevo bloque de despachos de abogados que habrían realizado ya cobros millonarios por sus servicios a costa de los cooperativistas. ¡SOPAS!
EL CANDIDATO DEL PRD A LA CDMX
Por cierto, Luis Espinosa Cházaro será candidato que presentará el PRD para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México –su otrora bastión infranqueable-. El líder de la bancada del sol azteca en el Palacio de San Lázaro será la carta con la que el perredismo negociará con PRI y PAN para definir su candidato a la CDMX.
El próximo sábado, nos adelanta, Cházaro presentará su informe en el Hotel Hilton Alameda, donde se espera una cargada para pavimentar su camino para llegar fuerte a la negociación con sus aliados políticos y enfrentar juntos a la maquinaria de Morena en el ya cercano 2024.
