Hace 50 años, un Presidente ordenó la creación de un pueblo en un paraje ubicado en lo que aún era el territorio de Quintana Roo, la zona evolucionó y se convirtió en uno de los polos turísticos más importante del país: Tulum. Pero esta tierra está marcada por el fraude y la ambición de poderosos grupos de interés y la lucha de un puñado de ejidatarios por defender su patrimonio.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, tiene en su ponencia la historia de este caso -que incluye la defensa de los ejidatarios y las evidencias de los fraudes que han existido para arrebatarles lo que se les dio por orden presidencial- y que en breve el Primer Tribunal Colegiado del 27 Circuito dictará sentencia.
Aquí la historia en breve:
El 11 de diciembre de 1973, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución del presidente Luis Echeverría por la que se crea un centro de población ejidal “José María Pino Suárez”, en 105 hectáreas que eran propiedad de la nación, con colindancia al mar y que en ese momento estaban en la delegación de Cozumel.
Los beneficiados por la resolución presidencial fueron 47 ejidatarios, entre ellos Antonio González Aviles, quien tenía en posesión esas 105 hectáreas pero no era su propietario, la tierra era propiedad de la nación, hasta ahí todo bien y claro.
Semanas después de esta resolución, abogados de Yucatán se acercan al señor González Aviles, se crea una empresa, y de inmediato González Aviles traslada a Fiduciaria Peninsular SA un terreno de 49 hectáreas, que sí eran de su propiedad y que estaba ubicado en Carrillo Puerto, a 96 kilómetros de Tulum… era conocido como “Punta Piedra”.
Aquí, de acuerdo con la explicación y el expediente que entregaron los ejidatarios a este columnista, es donde viene el fraude. En 1975 el predio “Punta Piedra”, ubicado en Carrillo Puerto, se fracciona por Fiduciaria Peninsular SA en diez partes y se registra, vía notario público, ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Quintana Roo pero anulando la ubicación real que tenía en Carrillo Puerto y dejándolo en Cozumel.
En 1974 nace Quintana Roo como estado soberano y el pueblo de José María Pino Suárez se ubica en el municipio de Cozumel; en 1993 el presidente Carlos Salinas de Gortari crea el municipio de Solidaridad y el pueblo de José María Pino Suárez pasó a ser parte de ese municipio, finalmente en 2008 nace en municipio de Tulum y el pueblo quedó dentro de su territorio, nunca perteneció a Carrillo Puerto.
Hubo otros fraudes, por ejemplo –en la época de Víctor Cervera- el uso de un estudio topográfico a modo que determinó que los terrenos de los ejidatarios no tenían colindancia al mar sino a una zona pantanosa y ubico las ahora 53 hectáreas de González Aviles por arriba de las 105 de la resolución de Echeverría y esas sí en colindancia con el mar, engañados los ejidatarios pusieron en el dictamen su huella digital sin entender se qué de trataba.
En esos 50 años algunos ejidatario vendieron sus tierras y fueron compradas por personajes polémicos, otros han muerto y sus herederos siguen el pleito, algunos más las han rentado a empresas hoteleras que incluso por decisión de un juez del fuero local de Celaya, Guanajuato fueron desalojados en febrero pasado en beneficio de un empresario de nombre Oscar Villarreal Martínez que se mantiene muy activo en este litigio.
Ante las resoluciones judiciales en este largo pleito, en un sinnúmero de juzgados pero también en el Tribunal Unitario Agrario y el Tribunal Superior Agrario, la ministra Piña y el Consejo de la Judicatura deberá poner lupa sobre la actuación de los magistrados Alfonso García Lanz, Laura Granados Guerrero y Gerardo Dávila, del Tribunal de 27 Circuito que en breve tendrán que resolver el fondo de este caso en el amparo 564/2021 y con ello el futuro de la zona comercial-turística de Tulum.
Si el Tribunal de Circuito falla en contra de los ejidatarios, los beneficiarios serán dos grandes empresas: Land Mangement SA Promotora de Inversión de CV y Grupo Alfil Construcciones SA de CV -quien ya han comprado tierra en la zona y a quienes se les pidió comentarios para esta columna sin que hubiera respuesta-, pero los ejidatarios que luchan legalmente tienen ahí su patrimonio, que les otorgaron hace 50 años, y lo van a defender.
RADAR
Nos hacen ver que rumbo a las definiciones presidenciales del 2024, las últimas encuestas publicadas por diferentes empresas especializadas muestran al interior de Morena una clara tendencia a la alza del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y que no sólo crece sino que es una de las “corcholatas” mejor evaluadas.
Hay que ver a fondo esas encuestas pues señalan que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha decrecido en los últimos meses, mientras que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ha logrado mantenerse pero sin mayor movimiento en las preferencias. Las cosas parecen que mejoran para el paisano del presidente López Obrador.
CAMBIOS EN LA PUBLICIDAD OFICIAL
A lo largo de mis ultimas entregas en varias ocasiones he dejado claro mi punto de vista sobre el Plan B de reforma electoral del presidente López Obrador: esta reforma es una constelación de disparates. Los que la aprobaron no se tomaron la molestia de leer la serie de reformas que lo integran.
Un caso especial es la Ley de Comunicación Social, donde se incluyó restringir el gasto en 0,1% del presupuesto para medios de comunicación, lo que en los hechos habría silenciado la difusión de servicios y obra de estados y municipios. Ayer hubo un ajuste un dejaron a estados y municipios en libertad de determinar su gasto en Comunicación Social.
Nos dicen que luego de un trabajo de convencimiento en el que tuvieron que ver mucho los diputados del PRI, coordinados por Rubén Moreira, quien, por cierto, advirtió desde el inicio de los estragos que se podían causar, se llegó al acuerdo con Morena, donde jugó un papel central Ignacio Mier, para dar marcha atrás a semejante barbaridad. Moraleja, si no lees, no votes, que caray con nuestro diputados de la 4T.
