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Cero tolerancia a candidatos violentadores

Ni violentos, ni agresores, ni machistas, ni deudores alimentarios.

La lista puede ser mayor pero lo que me interesa recalcar es que por ley los hombres que han abusado física, emocional o económicamente a las mujeres o sus hijos no pueden aspirar a ningún puesto de elección popular.

Tampoco quienes hayan cometido violencia política en razón de género.

Y es que el año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia, que saca de la jugada a deudores alimentarios, agresores sexuales y violentadores de mujeres, sea cual sea el tipo de violencia que se ejerza, pues una agresión no es chica o mayor, es solo agresión y como tal debe sancionarse.

De este modo, en este proceso electoral, cada uno de los y las aspirantes a ocupar un cargo de elección popular debe ser investigado por sus partidos políticos, ya sea que deseen postularse para un cargo federal o local. De tener entre sus candidatos algún rufián, debe retirarse de la contienda o se estaría solapando al trasgresor de la ley.

En Aguascalientes hubo medios que exhibieron al morenista Dany Santoyo, quien en sus redes sociales mostró fotografías al lado de sexoservidoras a quienes ofendía verbalmente, denigrando su trabajo y su cuerpo.

Santoyo, quien contiende por una diputación local, justificó su mal proceder aludiendo a que eran posteos del pasado, pero habría que recordarle que la violencia no tiene fecha de caducidad. Se es violento y misógino. Punto. Las disculpas, aunque válidas, no minimizan una acción soez.

También vimos que el Observatorio de la 3 de 3 contra la violencia en Aguascalientes balconeó a Aldo Ruiz, candidato a una diputación federal por Morena.

A Aldo se le acusa de ser deudor alimentario, es decir, no da dinero para la manutención de sus hijos, lo cual es grave y mucho, debido a que vulnera los derechos de la infancia.

Un deudor alimentario debe ser no solo sacado de la contienda electoral, debe ser castigado sin contemplaciones, ya que comete daño psicológico, limita el derecho a la educación y al sustento y comete daño patrimonial contra los menores, que muchas veces deben abandonar el hogar junto con su madre para irse a vivir con la familia por falta de recursos, quedando expuesto a sufrir agresiones en una casa que no es la suya.

Tanto Dany como Aldo deben ser investigados y sancionados, pues no se “agrede poquito”, no se vulnera “poquito” y no se es “medio machín o misógino”. Ningún tipo de violencia admite términos medios y ningún partido debe hacerse sordo, ciego y mudo ante estas reprobables conductas.

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