Las elecciones han concluido exitosamente y las campañas que tuvieron su cierre el día 29 de mayo de 2024 estuvieron marcadas, entre muchos otros, por el cobarde asesinato de José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal de Coyuya de Benítez en Guerrero.
Este homicidio es uno de los muchos que tuvieron lugar durante los dos meses de campañas electorales que quedaron manchadas con la sangre de pre, candidatos y candidatas a distintos puestos de elección popular (en su mayoría para nivel municipal). A esto se le suma las distintas personas que renunciaron a sus candidaturas resultado de distintas amenazas de las que fueron víctimas.
Este fenómeno es identificado por expertos y expertas como violencia política, la cual se define como amenazas y acciones contra la integridad de las personas o su patrimonio para alcanzar objetivos políticos, ya sea para resolver un asunto público en uno u otro término, para promover una candidatura sobre otra, etc.
En un contexto de violencia criminal, la violencia política expresada en el asesinato de candidatos, candidatas y representantes por parte de estructuras criminales cobra particular importancia, por lo que debemos preguntarnos ¿qué buscan los grupos de la delincuencia organizada (GDO) con estos actos de violencia tan públicos y que tienen tal impacto en la opinión pública?
Es importante señalar que los GDO al interferir en el proceso electoral lo que buscan es interferir en última instancia en los procesos políticos, es decir, tener una mano (o ambas) en la toma de decisiones políticas, principalmente en la aplicación de la ley. Los principales riesgos que encuentra un GDO a su continuidad son ser absorbidos por otros grupos más fuertes o el ser desarticulados por la fuerza pública, por ende, los GDO tienen un instinto detrás de su actuar: cimentar el control territorial para así asegurar su supervivencia.
El entrelazamiento de grupos delincuenciales con estructuras políticas es un elemento que está en el ADN del campo delincuencial en México, que es como llamo al espacio de interacciones entre estructuras delictivas y políticas: los actuales grupos organizados devienen de los grupos originarios que se dedicaron al tráfico de drogas de manera organizada, actividad que se fortaleció bajo un esquema de patrocinio o mecenazgo estatal (en términos del analista Luis Astorga), esto quiere decir que el funcionario vio la oportunidad de enriquecerse a partir de proteger (extorsionar) a quienes se dedicaban a esta actividad, mientras que los productores (traficantes) encontraron que podían continuar con sus actividades mientras contaran con esta protección de figuras políticas, que jamás aparecerían como traficantes.
Las transformaciones del campo delincuencial en México y en el mercado de drogas generadas por el creciente régimen prohibicionista y las adopciones de políticas de persecución y confrontación directa de grupos productores en el marco de la “guerra contra las drogas” obligaron a estos grupos a buscar estrategias para proteger sus espacios de producción, distribución y venta de drogas.
Por ello, aquellos que contaran con un sistema de protección por parte de autoridades legales tendrían una gran ventaja frente a sus competidores al tener una mayor facilidad de adaptarse a los cambios, evadir el actuar de la ley, expandir sus actividades delictivas y finalmente continuar con la extracción de recursos.
En este contexto, el control territorial se vuelve fundamental ya que significa que han establecido relaciones con grupos sociales, económicos y políticos en la medida que lo consideren necesario para el desarrollo de sus actividades y la extracción de recursos. Aquí, la relación con estructuras políticas tiene preeminencia como principal habilitadora ya que les da acceso a recursos financieros y legales que les brinda certidumbre en sus actividades ilícitas a partir de la evasión de la justicia o inteligencia policial para ganarle a otros grupos criminales.
Las transformaciones institucionales en México a finales de los ochenta como la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, el debilitamiento del partido dominante, el presidencialismo y la presión estadunidense a México para enfrentar con mayor vehemencia el tráfico de drogas, generó una ruptura en las correlaciones de poder entre poder político y poder delictivo, por lo que la relación comenzará a invertirse: ahora las estructuras políticas se subordinarán a las estructuras delictivas.
Hoy en día, una agrupación delictiva organizada no se puede pensar como tal si no cuentan en alguna medida de entrelazamiento con las estructuras políticas locales (en algunos casos federales).
Podrán pasar elecciones y cambio de representantes populares en los distintos niveles de gobierno, pero la mano larga de los grupos delictivos siempre terminará por alcanzar las nuevas configuraciones políticas y buscarán definir las condiciones que consideren necesarias para su funcionamiento, apoyarán candidatos y candidatas que tengan propuestas que vayan acordes a sus intereses y asesinarán a los que no se alineen, además cooptarán funcionarios en la medida que les permitan evadir la aplicación de la ley. Así es como han trabajado los últimos 40 años, por lo que no se prevé que vayan a modificar su estrategia en el futuro cercano. No tienen necesidad.
Como he insistido en otros textos, mientras no se separe el poder político del poder delictivo poco importarán las guerras contra la delincuencia o acciones de pacificación que piense realizar el nuevo gobierno, si no atiende al principal habilitador de esta violencia.
