El sistema judicial de México es uno de los peor calificados del mundo, señala el periodista Édgar London en la nueva edición del catorcenario Espacio 4. “La reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado un debate significativo sobre sus posibles beneficios y riesgos. Mientras algunos ven una oportunidad para democratizar y hacer más inclusivo el sistema judicial, otros advierten sobre los peligros de la politización y la inconstitucionalidad de la consulta popular. El futuro de esta reforma depende de la capacidad del Gobierno para alcanzar el consenso necesario en el Congreso y de cómo se aborden las preocupaciones legítimas sobre la independencia y eficacia del Poder Judicial.
“Una de las principales razones detrás de esta iniciativa es el recelo generalizado de los mexicanos hacia el Poder Judicial. Según una encuesta del Latinobarómetro, el 67% de los ciudadanos desconfían de los jueces, mientras que otro estudio realizado por World Justice Project —organismo independiente líder mundial en estudios sobre Estado de derecho— ubica al país en el lugar 113 de 139 naciones que fueron analizadas en relación a sus contrapesos gubernamentales, ausencia de corrupción, apertura gubernamental, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia criminal.” En cuanto a Estado de derecho —según el estudio—, México está más cerca de países autoritarios como Venezuela (último puesto) o Nicaragua (131) —Cuba ni siquiera aparece en la lista— que a sus principales socios comerciales: Estados Unidos (27), Canadá (12) o España (21). Otro motivo expuesto por el presidente López Obrador es que el sistema Judicial actual peca de elitista y no representa de forma adecuada a la ciudadanía, especialmente a las minorías. La reforma busca crear un vínculo más estrecho entre los jueces y el pueblo, promoviendo la elección popular de los magistrados como una solución para garantizar un Poder Judicial más inclusivo.
“Los defensores de la reforma sostienen que la elección popular de los jueces democratizaría el Poder Judicial, haciéndolo más cercano a la sociedad. Citan el artículo 39 constitucional, que establece que la soberanía reside en el pueblo y que este tiene el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de su Gobierno. Asimismo, arguyen que permitir la participación ciudadana en la selección de jueces podría aumentar la legitimidad del sistema judicial y mejorar la confianza en las instituciones.
“Los opositores, en cambio, aseveran que la consulta popular para elegir jueces es inconstitucional porque el artículo 96 establece que el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competencia del Senado. Agregan que la elección directa de magistrados podría llevar a la politización del Poder Judicial, comprometiendo su independencia e imparcialidad. Para Gerardo Pérez y Pérez, abogado litigante en materia penal y amparo, la respuesta a estas objeciones llega en forma de una sencilla pregunta: “Si el sistema democrático nos permite elegir al Ejecutivo y al Poder Legislativo, ¿por qué no elegir jueces?”.
Pérez advierte que “La reforma es radical porque va a la raíz. Dice: no. Vamos a dejar de lado esta fórmula indirecta y vamos a plantear una apelación directa al pueblo para que sea quien elija. Es una prueba, un ensayo impulsada por el presidente porque considera que México está preparado para el ejercicio de la democracia directa. (…) Estamos frente a una propuesta para brindarle mayor poder al pueblo, mayor capacidad de decisión. Habrá quien considere que el pueblo no puede participar en un tema tan técnico, pues es una opinión que respeto, pero no la comparto”.
