El pasado 11 de junio, una corte en los Estados Unidos encontró culpable a la compañía platanera Chiquita Brands International de financiar al grupo paramilitar conocido como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según la información del caso, la empresa dio alrededor de 1,7 millones de dólares en un periodo que va de 1997 a 2004, años en que se le atribuyen al grupo AUC miles de asesinatos, además de otros delitos violentos como desapariciones, secuestros y un saldo de desplazamiento forzado interno en el país sudamericano.
Este caso nos invita a quienes analizamos los temas de seguridad con énfasis en la existencia de grupos criminales armados y no regulados sobre el papel que juegan los grandes capitales en los contextos de violencia criminal que azotan a las sociedades en distintas latitudes del planeta.
Para este caso, el emporio multinacional de frutas Chiquita reconoció haber realizado pagos a las AUC y su defensa argumentó que la empresa se encontraba asediada por los grupos criminales que proliferaban en Colombia y que no contaban con la protección de las autoridades legales para poder desarrollar sus actividades comerciales, por lo que se vieron obligados a recurrir a protección de este grupo armado irregular que fuera catalogado como grupo terrorista por el gobierno de los EUA en 2001.
En el juicio de la historia, no quedan dudas que lo que las AUC realizaron fue consolidar la posición dominante de la empresa platanera a partir de amenazar, secuestrar y asesinar a productores locales, expulsarlos de sus tierras para el asentamiento de bodegas y monopolizar la producción de plátanos y otros productos agrícolas en la región, de ahí que un jurado la encontrara culpable y se le ordenara la reparación del daño a familias denunciantes, sentencia que aún se queda corta para todo el daño ocasionado pero que ya representa un avance.
Los grupos delictivos organizados (ya sean terroristas, traficantes de drogas o paramilitares), cuando ejercen algún grado de control territorial, se relacionan con la sociedad en 4 dimensiones distintas: la dimensión criminal (con otros grupos delictivos), en la dimensión política (con personas funcionarias públicas y representantes populares), la dimensión social (con colectivos sociales o población en general) y, finalmente, en la dimensión económica (con empresas, empresarios(as) y quienes componen la economía formal). Dentro de la dimensión económica, la relación puede adoptar dos formas: primero, intervención sin poner en riesgo la economía, lo que significa que son consumidores de productos, al, por ejemplo, adquirir bienes muebles e inmuebles o abrir fondos de inversión, todo sin ejercer ningún tipo de violencia. De igual forma, pueden ser proveedores de productos o servicios al contar con negocios que sirven como fachada o vender alguna otra mercancía (legal o ilegal). La segunda forma, es la intervención que amenaza la economía legal, donde se da cuenta de la influencia de un grupo delictivo sobre empresas a partir de extorsionarlas para permitirles funcionar, o que se establezcan de manera arbitraria los precios de algunos productos o se prohíba el comercio de otros, acciones que dañan el correcto desarrollo de una economía formal.
Pero ¿qué sucede cuando una empresa es la que acude al grupo delictivo ya sea para su protección de otros grupos; la eliminación de la competencia o represión de la resistencia civil para afianzar una posición dominante en el mercado de algún producto? Este escenario es como el visto en Colombia con el caso de Chiquita y entra en el segundo arquetipo que es de intervención que amenaza a la economía legal, pero con la particularidad de que las empresas ahora funcionan como un posibilitador o facilitador del ejercicio del control territorial por parte de grupos delictivos.
Volviendo la mirada a México, aún estamos lejos de pensar en la responsabilidad que los grandes capitales han tenido en la perpetuación del ciclo de violencia que vivimos. Un caso específico es el de Michoacán, donde según investigaciones periodísticas las empresas mineras financiaron la existencia de algunas autodefensas comunitarias con el argumento de poder enfrentarse a la agrupación criminal conocida como Los Caballeros Templarios y con el saldo de violencia que todos conocemos y que aún prevalece en la entidad.
Ahora, no puedo evitar pensar qué otros casos similares hay en el país: con mineras (de capital preponderantemente extranjero) en el norte, con empresas fruteras en sur y sureste o en la región del istmo con los proyectos productivos en pie. Ahora, con el nearshoringdebemos poner atención en cómo se puede transformar esta situación, donde el peor de los escenarios es que se profundice los nexos entre empresarios y GDO, ya que, básicamente, los grandes capitales pueden recurrir a los GDO como un grupo paramilitar privado con el fin de ejercer presión y represión a toda oposición realizada por parte de la población y/o competencia local en todos los sitios donde tengan una inversión importante.
La última pregunta que quiero hacer es ¿alguna vez se responsabilizará a las empresas por el papel que tienen en la profundización de la violencia criminal en México? Mucho me temo que en la interrelación entre poder político y los grandes capitales en México que aún goza de buena salud (a pesar de en el actual régimen se diga que ya se han separado), impedirá conocer la verdad, la consecución de la justicia y la reparación de los daños realizados a las víctimas.
