Será realmente muy difícil saber, al menos en el corto plazo, la verdad sobre la captura de Ismael Zambada y de uno de “Los Chapitos” Guzmán el fin de semana pasado. Desde luego, no nos vamos a enterar por boca de las autoridades mexicanas: la jefa de todas las policías del país y futura secretaria de Gobernación ha sido la única en decir lo que parece ser verdad indiscutible: el gobierno de México no tuvo nada que ver en esta acción y el presidente López se enteró hasta que el embajador de los Estados Unidos le dio la gana informar.
La falta de información, ya se sabe, es el terreno fértil para todas las especulaciones. La más favorecida en este caso, es la de una traición por parte de Joaquincillo para entregar a su padrino a los gringos, a cambio de la cierta impunidad que la daría la calidad de testigo protegido por los delitos de los que es acusado por la fiscalía de los Estados Unidos.
En un mundo en que las traiciones son moneda corriente, sonaría creíble si se dieran las siguientes condiciones: que El “Mayo” Zambada fuese un idiota que se chupa el dedo y se hubiera dejado convencer por uno de los hijos de su anterior socio y compadre, para que juntos sobrevolaran campos de su operación fraudulenta. Segundo, que no existiera una rivalidad profunda entre los herederos de Guzmán y el capo sexagenario.
Lo único que es innegable es que el Mayo y el Chapito están en manos de alguna autoridad de los Estados Unidos, no la misma para ambos, lo que abona en favor de un trato entre delincuentes y autoridad a los que los gringos son muy dados.
Se habla de que fue el FBI y no la CIA -o en su caso la DEA- la que estuvo al frente de este sucio negocio. Se supone que la primera no tiene operaciones fuera de su país y que la segunda no opera dentro de él. Por supuesto que nada de esto es cierto. De una manera u otra, el diario La Jornada en la ciudad de México tempranamente recordó el caso Machaín, que tiene nada más 34 años de viejo.
El agente de la DEA Enrique Camarena, que operaba subrepticiamente en Jalisco, fue secuestrado en 1985 y torturado hasta la muerte por el cartel narcotraficante de Jalisco. La DEA llegó a la conclusión de que el ginecólogo Humberto Álvarez Machaín no sólo había estado presente en la tortura de “Kiki”, sino que le administró drogas para impedir que muriera antes de confesar todo lo que sabía. Álvarez, que sigue negando todo, fue detenido en 1990, metido en la cajuela de un auto, y llevado a los Estados Unidos supuestamente por policías y ex policías mexicanos que lo entregaron a los gringos para que fuera juzgado allá. Yo creo -y desde luego, no lo puedo probar- que con la participación directa de agentes del orden de Estados Unidos. En 1992 el doctor fue puesto en libertad.
La sugerencia de La Jornada coincide con mi supuesto: en este caso se estaría usando el mismo procedimiento. Este consiste en la acción ilegal de agentes de la policía norteamericana en nuestro territorio, para actuar como Pedro por su casa. Actitud que coincide precisamente con uno de los planteamientos estratégicos que J. D. Vance, candidato republicano a la vicepresidencia de los Estados Unidos con Trump para acabar con el narcotráfico: Lanzar ofensivas militares abiertas de soldados norteamericanos en nuestro país para capturar y dar muerte a los narcos perversos.
Para que sepamos a qué atenernos.
PARA LA MAÑANERA (Porque no me dejan entrar sin tapabocas): Sólo falta que al mentiroso y fantasioso gobernador de Nuevo León se le ocurra pedir la sede de Monterrey para unos futuros Juegos Olímpicos. Después del maravilloso espectáculo que ofreció París, que llegó a superar incluso a la ceremonia inaugural de Barcelona, lo único que íbamos a hacer es el ridículo. Cosa que a Samuel García le sale muy bien.
