5 La verdad estoy positivamente asombrado por la manera en que Ciro se impuso con toda su fuerza e influencia con tal de defender aunque fuera algunos pocos de los Derechos Humanos universales. Preclaro, promovió intensamente libertades sin las cuales la humanidad no avanza y la sociedad se disuelve. Me refiero a Ciro II “El Grande”, el fundador del imperio persa, y no a Ciro “el pequeño”, que recién se autoexilia a España. Aunque también buscando un beneficio y con una estrategia clara para conservar unidos a sus seguidores, no se autoexilió… Ciro el aqueménida, segundo rey y primer emperador con ese nombre, pero sí garantizó la libertad de cultos y una precaria pero útil libertad individual, cambiando los términos de la servidumbre. Nada qué ver con Ciro, el tránsfuga, que no oculta su servidumbre hacia uno de los peores criminales que ha padecido México, ese Genaro al que el juez Cogan calificó como peor que el Chapo, porque no sólo se coludió con un grupo criminal, además traicionó a su patria, y la patria no se mide en millones de kilómetros cuadrados sino en millones de almas. Ciro, “El Grande”, murió consolidando un imperio haciendo algunas concesiones a sus súbditos y promoviéndose masivamente. El otro Ciro, “el pequeño”, sigue promoviéndose, ya no tan masivamente como antes. Debe extrañar mucho las “Mañaneras” de don Andrés, a menos que en España, don Felipe VI o don Pedro lo desvelen también con algo parecido. Aunque lo dudo. Acá en México, su confeso agresor, “El Bart”, no extrañará a su escurridiza víctima. El criminal fallido debe estar todavía mentando madres desde su celda a quienes lo contrataron y tal vez le advirtieron que durante ese atentado, Ciro “el pequeño”, conduciría solo y sin escoltas, pero al parecer no que iría en un auto blindado. Por lo pronto, sigo intrigado. No por el desvencijado atentado, sino por la “nueva época” de Ciro “el pequeño”. ¿Un noticiero para México conducido desde España? Sigue siendo una versión muy inapropiada del “home office”. Ni con todos los malabares de su engolada y artificiosa dicción, Ciro, “el pequeño”, podrá emitir notas generadas en México bajo el criterio de oportunidad y proximidad; sólo podrá editorializar, y un comentario editorial no es lo mismo que una columna de opinión, no es responsabilidad de quien lo dice sino de la empresa que lo emite, aunque ésta se deslinde. Un noticiero absurdo, a menos, claro, que se esté cocinando una nueva estrategia mediática contra el gobierno de Claudia Sheinbaum desde España, ese imperio venido a menos y el echadero por excelencia de la ultraderecha iberoamericana.
4 No entiendo qué tipo de asociación es la JUFED, Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial. A saber, de poco más de mil 500 juzgadores, votaron y por una mayoría de 809 decidieron prolongar el paro de actividades que, por cierto, no es una huelga, sólo es una protesta. No sé si en la Ley Orgánica del Poder Judicial exista la figura del paro, porque no creo que se incluya la de huelga. El régimen laboral de jueces, magistrados y ministros, no puede ser igual a los de la clase trabajadora en general, puesto que involucra el resguardo de derechos humanos y constitucionales. Así, 809 de estos cuerpos de élite del Poder Judicial, que no son base trabajadora sindicalizada, decidieron no volver al trabajo y sólo atender casos urgentes. Tampoco me queda claro qué casos consideran “urgentes”, porque, salvo el “Tío Richie” que sigue jineteando los millones del SAT, a todos los que presentan un caso a juicio federal les urge una resolución. Entiendo que 809 juzgadores pretendan conservar sus cargos, también entiendo que como individuos tengan derechos, pero como miembros del Poder Judicial, sus obligaciones están por encima de sus derechos laborales. Además, no se les “corre”, se les somete a un nuevo escrutinio. Las desventajas con las que se presentarían a una elección fueron y siguen siendo generadas por ellos mismos. La percepción popular no les favorece, y es una percepción acumulada por décadas, por lo que debe haber un fundamento. Son 809 juzgadores los que mantienen un paro que significa el incumplimiento flagrante a un derecho que sí les asiste a todos los mexicanos: la Justicia. Son 809 juzgadores que sostienen su protesta agarrados del clavo ardiente de la ilegalidad. Peor aún, contraviniendo a la mismísima Constitución, y no sólo a las nuevas reformas, sino a las leyes de toda la vida, esas que en otros regímenes, bajo la tutela del PRI y del PAN, no se atrevieron a contravenir. Son 809 juzgadores que, con todo el descaro del mundo, están atentando contra un derecho fundamental de millones de ciudadanos. Son 809 juzgadores que intentan, impune y deliberadamente, desestabilizar, porque ponen a los otros dos poderes del estado en el predicamento de ejercer la ley contra quienes la siguen enlodando. Son 809 juzgadores los que, en el caso de que se les aplique la ley, clamarán urbi et orbi, que son víctimas de una persecución política. Sí, esa misma cantaleta con la que se defienden todos los políticos corruptos. Y no nos engañemos, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo atentan contra la autonomía del Poder Judicial, es desde el Poder Judicial desde donde se intenta romper el equilibrio de poderes. Es desde el Poder Judicial desde donde se ha cargado contra leyes generadas en el Congreso de la Unión; es desde el Poder Judicial desde donde se amenaza con procesar penalmente a la Presidenta de la República. Entonces, ¿quién trata de imponerse ilegalmente a otros poderes del estado?
3 Escuché a Carlos Loret de Mola, otro de los periodistas favoritos del criminal Genaro García Luna, despotricar agriamente contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La acusa de ser autoritaria, mentirosa, y de falta de empatía con otra mujer, esa jueza que ejerce en Coatzacoalcos que la amenaza con un proceso penal. Loret claramente desea que la presidenta Sheinbaum obedezca a la jueza y retire del Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional sobre el Poder Judicial. En otras palabras, Carlos Loret exige la subordinación de los poderes Ejecutivo y Legislativo a la decisión de una jueza federal, activista militante contra esa ley constitucional, es decir, “juez y parte”. Además, y ya que toda reforma constitucional debe ser sancionada por la mayoría de los congresos locales, el ignorante de Loret también da una bofetada al pacto federal. Los detalles de por qué este y otros amparos no proceden han sido suficientemente divulgados, aunque desoídos por los juzgadores paristas y por los comentócratas investidos en leguleyos. Un par de artículos de la Ley de Amparo lo describen con claridad aritmética. Imposible interpretarlos de otra manera. La amenaza de la jueza contra la presidenta también es un absurdo legal, por cuanto a que el Poder Judicial no puede ni acusar ni juzgar a quien presida el Poder Ejecutivo, eso corresponde a las cámaras del Poder Legislativo. ¿Más peor? Pues sí, porque las leyes que regulan al Poder Ejecutivo no las genera este poder, sino el Poder Legislativo. No se trata de que la doctora Sheinbaum quiera o no obedecer a la jueza; es que ni esa jueza, ni otra u otro, y ningún tribunal, así sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueden obligarla proceder contra la Constitución, por la simple razón de que ya no se trata de una reforma sino de una ley constitucional, y el Poder judicial está subordinado al mandato de la Constitución, no de los otros dos poderes. Esto está siendo ignorado deliberadamente por los juzgadores paristas y por los líderes del PAN y el PRI, y tratado con negligencia por el patronazgo de los paristas que puede resumirse en una sola persona: Norma Lucía Piña Hernández. Todos estos laberintos legales no son materia para ser tratada por Carlos Loret, uno de los periodistas mexicanos más desprestigiados y parciales. La nueva legislación constitucional sobre el Poder Judicial es un hecho. No hay manera de revocarla. Lo que sí hay que considerar es a Carlos Loret de Mola como un periodista falsario y vocero de intereses ya no tan oscuros, que intenta impulsar el golpismo de la minoría ciudadana que representan los juzgadores, con la abierta solidaridad de los líderes del PAN y el PRI, la complacencia de los intereses económicos e ideológicos que representa Claudio X. González, y el aplauso de la derecha internacional. Es decir, Carlos Loret de Mola, el pupilo mediático del criminal Genaro García Luna, se ratifica no sólo como crítico obsesivo del régimen de la 4T, además como aguerrido mercenario en contra de la soberanía del pueblo mexicano, un sicario que usa la libertad de expresión como arma contra todas las libertades… Y no es el único.
2 No me sorprende que los gobernadores emanados de la 4T exijan al Consejo de la Judicatura Federal que meta orden en el Poder Judicial. No tienen qué ser gobernadores afines al gobierno de la presidenta Sheinbaum para advertir que hay un claro riesgo de desequilibrio de poderes. Supongo que los gobernadores de la desangelada oposición estarán muy contentos con ese caos, ya que en la boruca se facilita la burriona, el agandalle. Doña Claudia no puede ceder ante el acoso de los juzgadores porque está obligada a cumplir y hacer cumplir las leyes. Y hablo de las leyes reales, no las que se retuercen todos los días desde un Poder Judicial que se autoerige en constituyente. La sediciosa ministra Piña abrió la caja de Pandora, creando un verdadero despelote en la fuerza estatal que preside. En ella queda demostrado que para acceder a un cargo en el Poder Judicial no basta la trayectoria, ni las influencias, ni los padrinazgos, ni las parentelas. La toga no quita mágicamente lo incompetente, y un ministerio en la Corte no insufla equidad ni decencia en quien no las conoce. Al margen de la intensa lucha contra la limpieza profunda en el Poder Judicial, contra la presidenta Sheinbaum, contra la 4T, contra el “chairismo” envalentonado, contra la catastrófica debacle del PRI y del PAN, contra la maldición gitana que le cayó a la oposición y al propio Poder Judicial tras la condena del criminal Genaro García Luna, contra el fin de los negocios chuecos amparados por la prevaricación, los gobernadores cuatrotetistas ponen el dedo en otra llaga: los juzgadores están poniendo en riesgo no sólo el estado de Derecho, también atentan contra el pacto federal. Lo más frustrante es que, frente a la aplicación estricta de las leyes contra quienes flagrantemente las transgreden, está la cautela política que, desde el oficialismo y especialmente desde el Poder Ejecutivo, trata de no tensar demasiado la cuerda. Esa cautela es el bastión de la “insurgencia” judicial y de la sedición ministerial en la Corte. Lo más grave es que, al no aplicar la ley a los juzgadores, sí se evita que se caldeen más los ánimos golpistas, pero también se está dando la falsa impresión de que actúan de acuerdo a las leyes. Y este dilema no resuelto, sazonado por la incompetencia demostrada de los juzgadores y la colusión evidente de los comentócratas y algunos políticos McPrianistas, puede llevar las cosas a que un acto de autoridad que termine con este debate, así sea legítimo, sea visto como un acto de autoritarismo. Que es justamente hacia donde quieren empujar al Poder Ejecutivo.
1 A las 8:33 AM de este lunes 21 de octubre, seguía yo sobre ascuas esperando ver la novedosa forma de comunicación que ideó, desde sus cabecitas innovadoras y judiciales, un grupo de juzgadores, y que llaman “mañaneras” y apodan “judiciales”. Prometía transmitirse vía Youtube por un canal que proclama la “independencia judicial”, que no la autonomía. Lo que ya en el nombre implica una ruptura con los otros dos poderes del estado. Aunque tenía mucho “quehacer”, quise ser tolerante con el retraso, después de todo el Poder Judicial tiene fama de retrasar la resolución de casos durante años. ¿Qué tanto es tantito? En tanto, leía las irresponsables declaraciones de Marko Cortés culpando de la violencia en México a la concentración de acciones desde la presidencia “contra” el Poder Judicial. Sí, ese Poder Judicial que por medio de sus “sabadazos” libera a los “presuntos” criminales capturados. Marko sigue derrapando en jabón, eludiendo el hecho de que la espiral de violencia y el empoderamiento de los cárteles criminales inició con el apoyo del gobierno panista de Felipe Calderón. “La zorra no ve su cola”, decía mi abuelo. ¡Finalmente los “insurgentes” iniciaron! Dijeron que querían respetar los tiempos de la “Mañanera del Pueblo”. ¡Qué considerados! Empezaron, claro, con la procedencia de los amparos contra la nueva ley constitucional sobre el Poder Judicial. Dicen que el amparo es contra actos de autoridad. Lo que me hace pensar en que entonces están reconociendo la improcedencia de los amparos, porque no son contra actos de autoridad sino contra la nueva ley constitucional. Evidentemente, un amparo no procede como instrumento para revocar una ley constitucional. No fue la Ley de Amparo la que engendró a la Constitución, sino viceversa. Ante esto, dicen que la prohibición de amparos contra una legislación constitucional emana de una ley secundaria, no de la Constitución. Si ese es el criterio sobre las leyes “no constitucionales”, entonces estamos fritos, porque ninguna de esas leyes sería siempre válida y sí estaría sujeta al criterio de los juzgadores. Dicen los juzgadores paristas, que tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no pueden decidir sobre esta nueva ley sobre el Poder Judicial, porque son “parte interesada”, igualito que los juzgadores son “parte interesada” procediendo contra ella. Con la diferencia que los poderes a los que tratan de impugnar no están interpretando algo, están cumpliendo con una obligación: cumplir con las leyes y garantizar su aplicación. En cambio, en el Poder Judicial se está trasgrediendo la ley, empezando por no ejercer su principal obligación: impartir la Justicia, y no servirse de ella.
0 La mentada “mañanera judicial” de los juzgadores en rebeldía, o mejor dicho, en rebelión, no es un recurso novedoso. Ya antes hubo algunos intentos similares, de origen político, opositor a la 4T por supuesto, que replicaron muy mediocremente las mañaneras de don Andrés. Esta nueva versión “judicial” de la mañanera es obviamente política. No se trata ni de autonomía, ni de libertad, ni de derechos humanos o laborales. Es el posicionamiento público de sus exigencias. No veo cómo podrán convencer a los ciudadanos de que ahora que peligran sus privilegios sí proceden conforme a la ley, aunque así, genéricamente, las leyes y articulados que citan se parecen mucho a las citas bíblicas de un evangelizador. Pocos buscarán confirmar la referencia, y menos, o ninguno, intentará interpretarla. Apelan a la pura fe. Dicen que quieren establecer una comunicación efectiva con la gente. Eso fue el propósito básico de don Andrés en sus “Mañaneras”, y de doña Claudia en sus “Mañaneras del Pueblo”. Hay enormes diferencias en esta mañanera con las otras. La primera es que el Poder Ejecutivo necesitaba tener una plataforma mediática alternativa ante la clara campaña orquestada desde los medios convencionales. En esta “mañanera judicial” no tienen ese problema, porque cuentan con el respaldo de medios y comentócratas. Los juzgadores no necesitan millones de seguidores en la plataforma en que se manifiestan, tienen garantizada la resonancia mediática: una mayoría artificial. Otra diferencia es el código. Los lenguajes de don Andrés y doña Claudia son diferentes, pero claros y sencillos. Cualquiera les entiende. En cambio, en la “Mañanera Judicial” el lenguaje parece claro pero hacen malabarismos con artículos e interpretaciones. Como decía antes, apelan a la fe y, sobre todo, a la presunta pericia que los pone por encima de los demás, es decir, de todos los mexicanos. Al final, creo que esta “mañanera” es un acto de soberbia de un grupo elitista enquistado en el poder sin el respaldo de la soberanía popular, un recurso para continuar la guerra desatada hace ya varios años contra la 4T, y contra todo intento de acabar con la ya atávica corrupción en el Poder Judicial. Ahora quieren empoderarse desde la derecha como lo han hecho ya en otros países iberoamericanos. Pretender ampararse así sea contra un solo artículo de la Constitución vicia el sentido legítimo de la Ley de Amparo que es contra acciones ilegales de autoridades en concreto, no contra la Constitución, que es el cuerpo legal que nos constituye como país libre y soberano. Así hagan tejido fino con hilachos de leyes y artículos sacados de la manga o de la imaginación, el pueblo de México es finalmente quien da legitimidad a las leyes, y no los juzgadores paristas.
