Un incidente como la explosión en la Torre de Pemex, en el Distrito Federal, es una tragedia en sí misma, pero detona irremediablemente el debate en torno de los energéticos, y de la propia paraestatal. Una treintena de muertos es ya de por sí una cifra memorable, y ni uno solo sería una medida de comparación ni argumento con el debate energético.
En todo caso, este evento desafortunado ocurre en un momento crítico del debate energético. Para el calibre de la dialéctica política mexicana, no sería remoto que el accidente y hasta las víctimas se usaran oportunamente para meterle un tendencioso ruido al debate. Así es la política mexicana de oportunista, sensiblera y cínica.
Fue, por ejemplo, muy ilustrativo que en las primeras horas después de la explosión, desde las vocerías oficiales se llamara a la cordura y se descartara, en principio, que se tratara de un atentado. Muy oportuno, porque el rumor tiene la mecha corta y estalla con mucha rapidez. Fue un acto razonable y cuerdo que, además, se llamara a esperar a que fueran los peritos quienes determinaran las causas del siniestro. Y para añadirle credibilidad al inminente peritaje, se informa que hay peritos extranjeros que apoyarían a los mexicanos. Con todo lo que añadan los extranjeros, sólo servirán para darle un aval de certeza. Y hay que añadir que los mexicanos no desconfían de los peritajes nacionales, desconfían de la versión oficial.
Los avances, por ejemplo, oficiales o estratégicamente trascendidos, apuntan regularmente a tranquilizar las cosas. En este caso ya se ha mencionado, sin precisar fuentes, que el equipo de seguridad antiincendios en esa torre era obsoleto. Incluso se difiere la responsabilidad a alguna otra instancia oficial que, aterrizaría culpas en el pasado sexenio.
El rumor en sí enuncia que la Secretaria de Hacienda no autorizó una partida especial para renovar el equipo de seguridad. Sea o no cierto, es un contrasentido que la fuente principal de recursos de México no los tenga para algo tan básico como eso. Además, es absurdo que el poderoso sindicato petrolero, que se ha mantenido como unos de los sindicatos privilegiados de México durante décadas, no ejerza su poder para presionar a quien sea para garantizar la seguridad laboral de sus agremiados.
Pero el rumor en México es un recurso muy curioso. Se lanza, como diría el refrán, “por si es chicle y pega”. Si nadie se lo cree, se desmiente oficialmente; si se lo creen, se confirma.
Como este rumor, es posible que surjan otros. Pero no debemos con distraernos con estos fuegos fatuos. Contaminar el debate energético la explosión sólo degradaría el debate; dejaría con menor margen de maniobra a los políticos honestos, y con muchas armas a los demagogos.
El debate energético es, entre otras cosas no menos importantes, sobre la intervención del capital privado en la generación de energía. El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray y Caso, aseguró que no está en los planes del actual gobierno privatizar a Pemex. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que los empresarios mexicanos no quieren la privatización de Pemex; al contrario, que el Estado debe asumir más rigurosamente su papel rector en la paraestatal. Y claro, el propio presidente Enrique Peña Nieto, no sólo afirmó que no se quiere privatizar Pemex, además dijo que no se vale que se engañe a la gente con la amenaza de privatización.
Finalmente el debate sigue. La explosión en la Torre de Pemex contaminará la discusión. Este distractor podría hacer que la gran mayoría de la población no se dé plena cuenta de lo que ocurre en la mesa legislativa. Podríamos olvidar fácilmente que al discutir la reforma energética, se está jugando con fuego, un fuego que podría generar estallidos más violentos que el de la torre. No se trata sólo de la concesión, o de la introducción de capital privado, extranjero o no. Se trata simple y llanamente de un asunto medular de la democracia mexicana. El debate energético es, de principio a fin, el debate sobre la soberanía nacional.