Israel Vallarta Cisneros, acusado de liderar una banda de secuestradores a quiénes la autoridad investigadora nombró como “Los zodiacos” aún permanece en prisión preventiva desde hace 16 años.
En su paso por varias prisiones ha procurado mejoras: en un reclusorio preventivo impulsó la implementación de brigadas de primeros auxilios de la Cruz Roja; logró, mediante denuncia ante organismos de derechos humanos a nivel internacional, que dejaran de utilizar perros de ataque en revisiones carcelarias, y la más reciente, que un alto funcionario federal, Luis Cárdenas Palomino – a quien Felipe Calderón Hinojosa condecoró como el mejor policía-, fuera capturado y sujeto a proceso acusado del delito de tortura.
Indirectamente, Vallarta Cisneros, también tuvo injerencia en resoluciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pusieron al descubierto el montaje televisivo auspiciado por Carlos Loret de Mola, que comprometió la verosimilitud de testimonios incriminatorios contra Florence Cassez, quién fue puesta en libertad tras comprobarse manipulación y alteración de medios probatorios que originaron el llamado “efecto corruptor” acuñado por primera vez en un Amparo Directo en Revisión, el número 517/2011.
Tras rejas y frías estancias de concreto, han transcurrido tres lustros desde que fue privado de su libertad Israel Vallarta, cuya causa penal fue confeccionada por altos funcionarios de la entonces PGR. Ahora, desde una prisión federal de máxima seguridad, calificada como nefanda por Julio Scherer Garcia, Vallarta Cisneros rompe el silencio y denuncia acoso y malos tratos, lo cual llega a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se sabe también que Israel Vallarta ha rechazado la supuesta amnistía que ofreciera el gobierno de AMLO porque ello implicaría aceptar su responsabilidad en los hechos que le imputan. Busca ser juzgado con pruebas legalmente obtenidos para alcanzar su libertad, absuelto y que sus captores, artífices del montaje, sean llevados ante la autoridad jurisdiccional.
La impunidad de funcionarios públicos es el sello distintivo de gobiernos neoliberales y este puede ser el comienzo de una nueva época en la cual la justicia prevalezca por encima del interés mezquino.
