La controversia de sectores de la prensa y del poder económico con el Gobierno tiene como trasfondo político la lucha por el poder —faltan más de dos años para la sucesión—, asentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Tijuana, el 17 de febrero. En la mañanera de ese día, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó sobre el avance de las investigaciones para esclarecer el asesinato de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, ocurridos en enero pasado en la misma ciudad donde en 1988 Héctor «el Gato» Félix, cofundador del semanario Zeta, fue acribillado por denunciar la corrupción, el tráfico de drogas y el abuso de los poderosos. Jesús Blancornelas, director de la revista, acusó a Carlos Hank Rhon, hijo del exgobernador de Estado de México, Carlos Hank González, de haber ordenado el crimen. Seis años después, también en Tijuana, el candidato del PRI a la presidencia, Luis Donando Colosio, murió abatido por un supuesto asesino solitario.
El presidente manifestó su compromiso con la libertad de expresión y el periodismo, pero diferenció a la prensa de a pie, que expone su vida y es mal remunerada, de la que sirve a los grupos de poder para atacar a la Cuarta Transformación. Citó el caso de Carlos Loret de Mola, cuyos ingresos —dijo— rebasan los 35 millones de pesos anuales. Latinus, una de las fuentes de financiamiento de Loret, «está vinculado con las (10) empresas que (…) le vendían al Gobierno 100 mil millones de pesos en medicamentos al año. De ahí viene también el enojo», acusó. El sitio de periodismo digital Sinembargo.mx publicó el 29 de marzo de 2021 al respecto:
«Detrás de Latinus (…) que tiene como estrellas al periodista Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo, hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la exsubsecretaria (de Relaciones Exteriores) Patricia Olamendi; a su hijo, Miguel Alonso, y al (entonces) secretario privado del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja. Pero el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco».
Latinus ha hecho pinza con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) donde anida otro sector antagónico de AMLO. El fundador de la ONG, Claudio X. González Guajardo, junto con un grupo de escritores (Enrique Krauze, Aguilar Camín y Jorge Castañeda) es el promotor de la coalición «Va por México» (PRI-PAN-PRD) que el año pasado le disputó a Morena el control de la Cámara de Diputados y de 11 estados. El intento fracasó, pues el partido de López Obrador conservó la mayoría absoluta en el Congreso y ganó las gubernaturas. MCCI recibe financiamiento de entidades estadounidenses como MacArthur Foundation, USAID, Ford Foundation, National Endowment for Democracy y la Confederación Suiza.
La USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) se creó en el primer año de Gobierno de John F. Kennedy y depende del Departamento de Estado, hoy a cargo de Anthony J. Blinken. En la mañanera del 7 de mayo de 2021, previo a la reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, López Obrador denunció que el financiamiento a MCCI representa «un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía». Acusó a González de «golpista» y definió conceptualmente el término: «(…) no necesariamente tiene que ver con el uso de las armas o del Ejército. El golpismo es un movimiento que se va gestando y que puede consumarlo el Ejército, o militares, pero las condiciones para llevar a cabo el golpe se van creando con el apoyo de Gobiernos extranjeros (y) de medios de comunicación».
