The New York Times (TNYT) y The Washington Post (TWP) se han sumado a las protestas por el asesinato de periodistas en México. La cobertura del Times y la Dama Gris sobre el escándalo Watergate, iniciado con el allanamiento a la sede del Partido Demócrata, forzó la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974. Los sexenios más violentos contra el gremio han sido los de Felipe Calderón y Peña Nieto, con 48 y 47 muertes. En poco más de tres años, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya acumula 31. De acuerdo con el Observatorio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre periodistas asesinados, la tasa de impunidad ronda el 90% (El Economista, 17.01.22).
El Gobierno no minimiza ni oculta la magnitud del fenómeno, dice Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Imposible hacerlo. La escalada de violencia contra periodistas tiene un agravante: la animosidad del presidente López Obrador hacia los medios de comunicación adversos y los críticos de la Cuarta Transformación. AMLO recortó el gasto en imagen, suprimió privilegios y canceló contratos a figuras mediáticas que facturaban millonadas a las administraciones precedentes y hoy son sus principales detractores. Lo acusan de autoritario.
A los adversarios de AMLO les cayó como anillo al dedo el escándalo de la casa que el matrimonio de José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams rentó en Houston. Mexicanos Primero Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el portal Latinus y otros sectores de la prensa, en particular Reforma, presentaron el caso como el típico conflicto de interés y lo aprovecharon para minar la credibilidad presidencial, la cual se basa en la austeridad y el combate a la corrupción. La respuesta del presidente, en medio de la ola de asesinatos de periodistas (cinco en lo que va del año), echó más leña al fuego. En varias ciudades del país e incluso en la mañanera del 16 de febrero, el gremio protestó por la violencia y demandó garantizar la libertad de expresión. La campaña digital «Todos somos Loret» dividió opiniones por lo controvertido del personaje.
López Obrador no dio su brazo a torcer. En su Gobierno, dice, «nadie ha sido ni será censurado: ni Loret de Mola, ni López Dóriga, ni Ciro (Gómez Leyva), ni Carmen Aristegui, (…) ni los del pasquín conservador de la mafia del poder que es el Reforma. (…) he hablado de los dueños, de Alejandro Junco, pero no de la familia (…). Pero ellos se meten con todo, no hay limitaciones (…). Antes los medios de comunicación tenían un poder omnímodo, me refiero a las empresas, a los de arriba (…) a nosotros, en la oposición, nos dieron hasta que se cansaron y aguantamos calumnia tras calumnia, de todo tipo (…)».
En un editorial del 15 de febrero, donde se refiere al asesinato de periodistas y a los ataques a Loret, The Washington Post recuerda el compromiso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de «proteger y promover medios de comunicación libres, independientes y diversos en todo el mundo». Por tanto, le pide condenar la situación en México, pues, de lo contrario, «los regímenes deshonestos y los delincuentes seguirán actuando como si tuvieran vía libre para silenciar las voces independientes».
AMLO replicó a TWP, propiedad, desde 2013, de Jeff Bezos —fundador de Amazon, cuya fortuna por más de 100 mil millones de dólares lo convierte en el segundo hombre más rico del mundo después de Elon Musk (Tesla)—: «¿Qué no sabe el Washington Post cómo funciona la mafia del poder en México, qué no sabe cómo imperaba la corrupción, cómo un grupo se sentía el dueño de México, cómo fueron los causantes de la desigualdad, de la pobreza, de que se desatara la violencia en el país?, ¿no lo sabe…?».
