Hace más de un año que el Tribunal Electoral de Veracruz falló en mi contra al ser acusada de Violencia Política en Razón de Género (VPG) y debido a ello estoy inscrita en el padrón nacional de personas violentas, además de tener que pagar otras sanciones. El motivo muchos lo conocen: Patricia Lobeira, presidenta municipal de Veracruz me demandó por la publicación de unos artículos que según su criterio y el del Tribunal Electoral Local eran ofensivos hacia la alcaldesa y se ponía en duda su capacidad para gobernar y hasta su integridad.
Hubo opiniones encontradas, sobre todo en el Puerto Jarocho, donde para unos fui la víctima y para otros la villana. Para ambos bandos, mis respetos. Pero ni víctima ni villana: soy solo una mujer periodista como miles, que defiende y defenderá su derecho a opinar.
En el tema de la VPG siempre hay “buenos”, “malos”, violentos y violentadas y qué bueno, celebro enormemente que en la actualidad los derechos políticos de las mujeres sean defendidos y castigados conforme a la ley y se reconozca su capacidad para desempeñar cualquier cargo público, pues existen hay mujeres cuya experiencia y méritos no pueden ni deben ser cuestionados.
El problema es que a algunas les cuesta trabajo entender que desde el momento en que ocupan un lugar en la política, lo público y lo privado se sientan en la misma mesa e incluso ellas mismas en sus redes sociales divulgan temas personales y familiares permitiendo que sus seguidores y críticos conozcan aspectos de su vida que antes eran íntimos.
En días pasados supimos que el Tribunal Electoral dictó sentencia en contra de la periodista Denise Dresser por criticar en sus publicaciones a la diputada morenista Andrea Chávez, quien en meses anteriores exhibió en sus redes sociales el traslado de su familia en un avión privado. La politóloga también hizo referencia a la cercanía de la joven diputada con Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación. Todo lo anterior le ocasionó tremendo lío legal a Dresser, quien ahora pagará una multa de 20 mil pesos y quedará inscrita en el Registro Público de Personas Violentas por ejercer lo que para ella es un derecho: el de la libertad de expresión.
Pero Dresser no ha sido la única periodista denunciada. Hoy sabemos que hay al menos una lista de 12 profesionales de la información que están en la mira y si el Tribunal así lo determina, tendrán una sentencia.
No es que esté en contra que se sancione a quien agrede, intimide o discrimine a una mujer, para nada.
Lo que me parece inadecuado, y hasta peligroso, es que los temas que incomoden a quienes incursionan en la política y por gusto, por exhibición o porque les da la gana (es su derecho, claro que sí) ventilan aspectos de su vida personal para después sentirse ofendidas y atacar a quienes las critican, ejerciendo también su derecho a expresarse.
En una contienda electoral como la que se vive en nuestro país, y siendo además histórica por tener a dos mujeres que están en la lucha para ganar la presidencia, empezar desde ahorita a querer callar las voces es terrible, por decir lo menos.
En tanto no se ponga en riesgo la integridad de una mujer, que no se dirija a ella en forma ofensiva, que no se discrimine o se llegue a cualquier tipo de conducta que se considere peligrosa, la intervención de organismos encargados de sancionar temas electorales me parece ocioso, por decir lo menos.
Porque, además, la democracia en nuestro país cuesta muy cara.
Para el próximo año el Instituto Nacional Electoral tiene asignado un presupuesto de 23 mil 757 millones de pesos. Mucha lana para perderla en temas que se pueden resolver desde el diálogo, la prudencia y el respeto mutuo.
Y más aún: los periodistas que se encuentran “en la mira” de la autoridad electoral acusan ser violentados en su privacidad al ser espiados en sus redes sociales, en sus comunicaciones personales, en su movilidad. Una locura.
¿Estamos en la antesala de una cacería de brujas? Ojalá me equivoque. Ya bastante tenemos con ser un país altamente peligroso para ejercer el periodismo, para que estemos cayendo en excesos y te sancionen porque sí, porque no y por “si las moscas”.
Y que conste: no estoy criticando a Andrea ni minimizando su denuncia ante la autoridad electoral. El problema es que puede convertirse en “pandemia” que cualquier mujer que incursione en la política decida denunciar a un periodista, a un político o a un ciudadano porque dijo algo con lo que no coincide o que criticó algo que ella misma publique, aunque después se desdiga.
De continuar con esa tendencia el papel femenino en la política puede demeritarse, criticarse o incluso menospreciarse. Y en México nos ha costado mucho escalar peldaños anteriormente vetados.
¿Convendría revisar con lupa el tema de la Violencia Política en Razón de Género para no caer en excesos por ninguna de las partes?
En definitiva, sí. De lo contrario tendremos en breve el reclamo de organismos defensores de derechos humanos que intervengan para impedir que en México la libertad de expresión sea coartada. Y esto traerá un conflicto o varios más, pues nos desgastaríamos en averiguar quien es el perseguidor y quién el perseguido.
Mi solidaridad con los colegas que están en una situación tan incómoda y que para nada me es ajena.
Hago votos para que la prudencia se imponga y tengamos un periodo electoral ejemplar.
