Este jueves 4 de octubre, la República Mexicana y el Estado de Nuevo León, celebran fechas muy importantes en el santoral patriótico. Por una parte han pasado 188 años de que se proclamó la primera Constitución Política de la nación. Por otra, han pasado 155 años de que se proclamó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y Coahuila. Sí, oyó usted bien, Estado de Nuevo León y Coahuila. Un estado que duró poco a causa del enfrentamiento entre el poderoso cacique del noreste, Santiago Vidaurri, y el presidente Benito Juárez.
Lo interesante en ambos casos es la coincidencia. En un caso se crea la República, por el otro, se consolidan las leyes liberales, y se instituye definitivamente el federalismo en Nuevo León.
Hay que considerar una cosa. La constitución local y la federal no son lo mismo, aunque sean complementarias. Mientras que la Constitución nacional asegura la estructura federal de todos los estados, en la Constitución local se asegura la autonomía del estado. La única limitación es que las leyes locales deben afirmar las leyes nacionales.
Aunque hemos mandado diputados y senadores a representarnos en el Congreso de la Unión, los diputados locales son tal vez más importantes para el estado. Primero que nada, porque los diputados locales representan a un ámbito más restringido de ciudadanos, lo que los hace más cercanos y más representativos de la sociedad.
Esa cercanía inmediata, tanto de los ciudadanos como de los otros poderes, los vuelve vitales para que el gobierno marche sin contratiempos, y que marche además a la par de las necesidades sociales, que dicho sea de paso, siempre están cambiando en la medida en que se desarrolla, se inmoviliza o retrocede.
Al decir gobierno, no nos referimos exclusivamente al Poder Ejecutivo, que ostenta el Ciudadano Gobernador del estado. Gobierno implica la coordinación perfecta y necesaria de los tres poderes, y no como un grupo de elite, sino como los empleados pagados de los ciudadanos… empleados demasiado bien pagados, por cierto.
Por eso es absurdo que a estas alturas, los legisladores sigan ignorando sistemáticamente su obligación, su deber jurado para con el pueblo de Nuevo León. Es además indignante que pretendan engañar a los ciudadanos asegurando que trabajan para ellos, cuando en realidad su oficio político y sus aspiraciones personales los mantienen muy lejos del nivel de la calle.
Basta notar la diferencia entre estas legislaturas, federal y estatal, y aquellas que hoy recordamos y que lucharon precisamente por afirmar la soberanía del pueblo, no del gobierno de México.
