Los diputados del PRD Martí Batres y Gerardo Villanueva presentaron ayer una iniciativa de ley para prohibir la publicación y difusión de encuestas electorales durante las campañas, los tres días previos a la elección, y hasta el cierre oficial de casillas, en virtud de que “quienes las manejan, por ambiciones políticas, han pervertido su uso para tratar de cambiar las preferencias de la gente en forma desleal y con información falsa”.
La propuesta establece que a quienes publiquen las encuestas en los tiempos prohibidos se les impondrán penas de hasta tres años de cárcel y multas de hasta 100 días de salario mínimo vigente, de acuerdo con el artículo 403 del Código Penal Federal.
En la exposición de motivos de su iniciativa, los perredistas hacen un relato de lo que consideran “las fallas evidentes” que tuvieron prácticamente todas las encuestas de opinión en la pasada elección presidencial, que colaboraron abiertamente, dijo, “para ayudar o perjudicar a ciertos candidatos a la Presidencia federal”.
Resaltaron los diputados que “un estudio de opinión sirve al interior de un equipo de trabajo para obtener información sustancial para la toma de decisiones; (pero) a partir del momento en que sale de ese círculo y se publica, deja de cumplir con su objetivo y se convierte en propaganda”.
Para fundamentar su planteamiento, Batres Guadarrama y Villanueva Albarrán señalaron que las encuestas de preferencias electorales que se difundieron durante semanas y meses, en sus últimas cifras de junio, marcaban una diferencia de dos dígitos entre el puntero y el segundo lugar, “por lo que se daba a Enrique Peña Nieto como insuperable puntero” de dicha elección.
En este sentido, dijeron que el papel de los medios de comunicación es fundamental, porque “se sostienen en la falacia de que un México democrático es sinónimo de un país donde se permite la libre y hasta libertina transmisión de todo tipo de información, sin filtros aparentes”.
Destacaron que “varias empresas de medios, sobre todo Televisa y Televisión Azteca, han colaborado abiertamente para la difusión de encuestas y sondeos en más de una campaña para ayudar o perjudicar a ciertos candidatos a la Presidencia federal”.
Y agregaron a esta acusación al Grupo Editorial Milenio, en colaboración con GEA-ISA, el cual “publicó durante 101 días un seguimiento de sondeos diarios en los que la diferencia entre el puntero –que siempre fue Enrique Peña Nieto– y el segundo lugar, al principio Vázquez Mota y desde mayo Andrés Manuel López Obrador, rondaba entre los 15 y los 22 puntos”.
Igual situación se presentó –dijeron— con las encuestas de las empresas Ipsos-Birnsa, Mitofsky, Parametría, publicadas por la Organización Editorial Mexicana; Berumen y Asociados, Buendía y Laredo, difundidas por El Universal, y Beltrán y Asociados dadas a conocer por medio de Excélsior.
Se preguntan entonces los perredistas: “¿Qué pasó en estas recientes elecciones federales?”, y se responden que el 23 de febrero pasado “y en franca ruptura de la legislación vigente”, Felipe Calderón hizo pública una encuesta en que la precandidata de su partido, Josefina Vázquez Mota, se encontraba “a 4 puntos de Enrique Peña Nieto, con base a la empresa encuestadora Mercaei, “cuya existencia conocimos en ese preciso momento”.
Pero –prosiguieron— de acuerdo con el cómputo oficial de votos del Instituto Federal Electoral, “el resultado fue bastante más lejano de ese estudio, pues la panista quedó en tercer lugar con más de 13 puntos porcentuales de distancia de Peña Nieto”.
En conclusión, dijeron en su iniciativa Batres y Villanueva, las encuestas y estudios de opinión tienen su origen en la necesidad de obtener información de poblaciones-estudio para tomar decisiones al respecto y contribuir así a la mejora de sus condiciones de vida; “pero las ambiciones políticas y un descontrol en las campañas electorales han pervertido su uso para tratar de cambiar las preferencias comiciales de la gente de forma desleal y con información falsa”.
