Carlos Ravelo Galindo, afirma:
A Guillermo, mi hermano mayor, que ayer murió
Luego de que la corte suprema retiró sesenta y cinco incidentes de inejecución de sentencia del pleno para beneficiar al ISSSTE que no ha cumplido con el pago justo a pensionados del gobierno, ya ordenados por los juicios respectivos, don Gerardo Saul y doña María del Socorro S. de González exponen contritos el pesar que los embarga otra decisión del máximo tribunal: obligar a los jubilados del IMSS a pagar al gobierno el impuesto sobre la renta. Es decir que dejaron de ser causantes exentos, como determina la ley, o lo hacía, para convertirlos en causantes cautivos. De nada valió que trabajaran como empleados civiles, no federales, durante cincuenta años. Pagaron seguro, INFONAVIT, ISR y todo lo que se le ocurrió cobrar al supremo gobierno, para a la edad correspondiente recibir su tan anhelada jubilación. Pero hoy, un fallo de la corte, cuyo ponente fue el ex presidente del mismo tribunal, Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia, quien acaba de ser jubilado el 30 de noviembre de éste año, con casi doscientos mil pesos mensuales, obliga a jubilados, con más de quince salarios mínimos, a pagar el 30 por ciento de sus haberes. Negó el amparo a quienes recurrieron a la Suprema Corte, para rebatir sentencias que en ese sentido dictaron autoridades federales inferiores. Son en efecto las otras víctimas de la administración de justicia mexicana, uno de los tres Poderes en que confiamos los habitantes de éste país.
Dice el contador público Saul que “no se vale que abogados que se dicen doctores en derecho y que están en la Suprema Corte de Justicia, máximo tribunal del país, decidan descontar impuestos a personas que ya dieron su tiempo tanto a sus familias como al propio país. Dimos todo, y ahora que estamos entrados en años, que no podemos trabajar, aunque quisiéramos, nos aplican doble tributación. Lo que no hacen con los que reciben pensiones o jubilaciones en exceso, como los propios ministros o secretarios de estado”. Y pregunta si el nuevo Jefe del Ejecutivo, don Enrique, al hablar de la pensión a los 65 años a desheredados, se acordará también de ellos para hacerles justicia. Simplemente, dice, justicia a secas.
También, la señora María del Socorro S. de González, “coco”, afirma en su misiva: “Escribo porque no puedo con esta frustración. Ahora resulta que el inteligente sr. de la suprema corte ha autorizado a que nos descuenten impuesto. ¿De qué se trata?: de fastidiar más a los jubilados, como si tuvieron grandes cantidades como ellos. Se supone que ya pagamos impuestos durante cincuenta años o sea que este cobro es impuesto sobre impuesto. Solo cabe en la cabeza de estos funcionarios insaciables de obtener dinero de donde sea y no importa que sea de las personas que ya trabajaron y pagaron sus impuestos”. Termina con una pregunta: “¿Habrá quien se apiade de los jubilados y nos ayude? Solo espero que don Enrique ordene justicia, ya que la corte no la hizo. Solo espero que sí”.
Muchos jubilados y pensionados son víctimas, en efecto, de tal disposición, absurda. Ojalá que el Poder Legislativo, si se atreve, modifique la ley, y permita a quienes disfrutaban de paz en sus hogares exenten de tal “impuesto”, y les reitere su tranquilidad.
