La mafia del poder, es un concepto acuñado por Andrés Manuel López Obrador que en ocasiones produce hilaridad en sus detractores porque, aducen, es mito y solo existe en la mente de su autor. Sin embargo, un breve análisis de la figura delictiva delincuencia organizada, nos permite arribar a la conclusión de ambos conceptos comparten varias características.
Primeramente debemos tomar en consideración el tipo penal Delincuencia Organizada nace en 1996 al publicarse la Ley Federal contra la delincuencia organizada, en concordancia con la Convención de Palermo contra la delincuencia trasnacional. En la exposición de motivos de dicha ley se establecía que la disputa entre los carteles de la droga habrían ocasionado la muerte de 196 personas por lo cual se ve la necesidad de crear un marco jurídico adecuado para combatir a las organizaciones criminales.
Para entonces ya existía el tipo penal de asociación delictuosa que se actualiza: cuando más de tres personas se reúnen con el objeto de cometer delitos se le impondrá de 5 a 10 años de prisión (Artículo 164 del Código Penal Federal). En cambio, cuando se crea la LFCDO, se establece taxativamente un catálogo de delitos, por ejemplo, cuando tres o más personas se reúnen con el objeto de cometer delitos contra la salud, por el solo hecho de acordar reunirse con ese cometido, el acusado puede alcanzar una pena mínima de 10 años si tiene el rol de subordinado o 20 años si es líder del cártel. Es decir, se penaliza la pertenencia al grupo delictivo.
Para motivar a los detenidos a delatar a sus jefes, la LFCDO contempla otorgar inmunidad a cambio del testimonio que resulte eficaz para la identificación y detención de los capos. En un sentido amplio, la Delincuencia organizada es una mafia, cuyo origen etimológico se encuentra en Italia, en 1860 según algunos historiadores. Provista de un código de honor y , la omertá , el código del silencio, por décadas operaron hasta que las autoridades lograron romper esa tradición ofreciendo un trato preferencial al delator. En Colombia se les conoce como “sapos” a los que se acogen a ese beneficio.
En México uno de los sexenios que más “sapos” produjo fue con Felipe Calderón, 336. En la actualidad con Enrique Peña Nieto solo quedan 11 testigos colaboradores. No obstante, los políticos corruptos se han cuidado de no investigar el desvío de dinero de las arcas públicas, ni el enriquecimiento ilícito porque ello tentaría a más de uno a delatar a los “capos” de la política a cambio de impunidad. Operaciones con recursos de procedencia ilícita también está contemplado en este catálogo de delitos.
La clase política corrupta tiene jerarquías que organizan y distribuyen tareas específicas a los subordinados para desviar recursos públicos. Es una red donde más de tres personas se ponen de acuerdo para cometer ese tipo de delitos. Bajo reglas estrictas de mando, por ejemplo, Javier Duarte de Veracruz pudo sustraer millones de pesos del erario. Lógicamente él y su esposa no podían hacerlo por sí solos. Necesitaron la complicidad y la colaboración de al menos una docena de subordinados para saquear las finanzas simulando obras y creando empresas fantasma. El esquema parecido ocurrió con la Estafa Maestra, la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y su esposa, la acumulación inexplicable de bienes inmuebles de funcionarios como Videgaray, ex gobernadores como Juan S. Millán y MALOVA en Sinaloa, etc.
En conclusión, la mafia del poder existe y opera impunemente depredando los recursos públicos, y saben que la omertá puede debilitarse si se ofrecen incentivos a los eslabones delincuenciales más débiles para que delaten a los capos de la política corrupta mexicana. Es por ello que el temor de perder privilegios de estos mafiosos los lleva a valerse de medios como “la guerra sucia” entre otros mecanismos, para evitar que llegue a la presidencia AMLO este 2018.
